La Federación Galega da Construción carga contra lo que considera una «paralización judicial» de parques eólicos que contaban con informes ambientales a favor en Galicia por el efecto que esto tendrá, según alerta, sobre el empleo.

En concreto, a través de un comunicado de prensa, apunta a la «pérdida de oportunidades» para el desarrollo industrial de la comunidad y para la creación de empleo.

La patronal gallega del sector advierte de las «repercusiones negativas a nivel económico y social» que tiene «la no ejecución de los proyectos autorizados, ya que se trata de inversiones millonarias».

Critica que «después de haber sido sometidas a una evaluación ambiental durante meses y años, quedan en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica al dejar en suspenso su declaración de impacto ambiental».

Considera que esta «paralización» provocará «un importante perjuicio» a la industria de la construcción, que, en la actualidad, según datos de un observatorio de la propia federación, emplea a 80.054 personas y factura 8.617,18 millones de euros.

«Esta situación afectaría a la competitividad de las constructoras que quedarían sin una carga de trabajo importante y además frenaría la creación de nuevos empleos, con su consecuente impacto laboral negativo», incide.

2.400 MILLONES Y 8.000 EMPLEOS

«Estaría hablándose de la paralización de una inversión de unos 2.400 millones de euros y de una afección cercana a los 8.000 empleos a lo largo del periodo 2023-2026, según las estimaciones de la Asociación Eólica de Galicia», añade.

En el resto de las comunidades, el sector de la construcción «contaría con un importante nicho de mercado, regulado y seguro», confronta, en el ámbito de las energías renovables (fotovoltaica y eólica).

Por el contrario, afirman los constructores que en Galicia el tejido industrial se encuentra «con estos problemas que suponen una pérdida fundamental de oportunidades y de carga de trabajo».

La federación ve la situación también «muy lesiva en un momento en el que la Unión Europea urge a sus estados miembro a implantar medidas de eficiencia energética y, precisamente, las energías renovables son esenciales para tratar de frenar el cambio climático».

Reclama por ello «seguridad jurídica» y «eliminar la incertidumbre», que identifica como «clara enemiga de la inversión y del desarrollo empresarial».