CCOO-Industria de Galicia expresa su «máxima preocupación» ante recientes resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que paralizan la construcción de parques eólicos, porque afectan a la creación de empleo y «dificultan la salida del tradicional atraso económico e industrial» que sufre la Comunidad.
Así lo manifiesta el sindicato en un comunicado días después de que la propia Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advirtiese de las «pérdidas millonarias y del perjuicio» supone la «desautorización judicial» de informes ambientales de estos proyectos.
Ahora, CCOO lamenta el impacto económico que pueden tener estos fallos judiciales, que suponen «una agresión contra los intereses de la inmensa mayoría de la clase trabajadora gallega». Además, las atribuyen a jueces «muy próximos a las asociaciones demandantes».
Estos magistrados, denuncia el sindicato, están tomando el camino de «poner en duda el criterio de funcionarios públicos independientes» y «dando prioridad a informes facilitados por asociaciones demandantes, elaborados con dudosa calidad científico-técnica y aún más dudosa neutralidad».
CCOO menciona proyectos de industrias electrointensivas, como el de Sentury Tire de fábrica de neumáticos en As Pontes (A Coruña) y la planta de fibras textiles de Altri en Palas de Rei (Lugo), que están «en peligro por culpa de la irresponsabilidad» de estos colectivos que priorizan los «intereses políticos de sus líderes» sobre «problemas reales» de Galicia, como el cambio climático y el bienestar de la clase trabajadora.
En este contexto, la central exige a las administraciones públicas que «tomen cartas en este asunto» y regule «de forma clara y firme» las concesiones de permisos a los proyectos eólicos, para darles «seguridad jurídica».
Sobre este tema se manifestó hace unos días la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia Galicia, para defender «la independencia judicial y la dignidad de todos sus miembros», mientras que también el TSXG tuvo que emitir un comunicado de su sala de gobierno en este sentido.
LA CIG IMPUGNA UN DECRETO
Por otra parte, la CIG ha anunciado que impugnará el decreto autonómico que regula entidades de colaboración ambiental y crea el registro de entidades y el banco de personas expertas en evaluación ambiental, porque busca «sustituir el trabajo del personal funcionario público» con el objetivo de «facilitar la autorización de proyectos con impacto ambiental» como los eólicos.
Con esta herramienta, al amparo de la ley gallega de simplificación administrativa, la CIG denuncia que la Xunta «echará mano de empresas privadas colaboradoras» y de una bolsa de expertos «contratados directamente para facilitar las autorizaciones» y «legalizar así la venta de los recursos naturales» de Galicia.
