La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha emitido un comunicado en el que advierte de las «pérdidas millonarias y del perjuicio» que aseguran supone la «desautorización judicial» de informes ambientales de parques eólicos «no solo para las empresas del sector energético, sino para todo el conjunto del sector industrial gallego».

«Las repercusiones empresariales son significativas. Varios proyectos eólicos han sido objeto de denuncias y recursos legales, lo que ha implicado costes económicos y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas involucradas y para todo el tejido industrial de Galicia», expresa en un comunicado.

En esta línea, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites precisa que «hay que tener en cuenta que las empresas promotoras han participado en una carrera contrarreloj para obtener una declaración de impacto ambiental favorable para aquellas instalaciones para las que ya contaban con permisos de conexión a la red».

Así, la CEG insiste en que «son inversiones millonarias rodeadas ahora de una gran incertidumbre e inseguridad jurídica». «Se está comprometiendo la gran apuesta de Galicia por la transición energética, pero también se está poniendo en peligro la viabilidad de empresas y proyectos industriales que habían suscrito contratos PPA con los promotores de muchos de estos parques y cuya competitividad queda ahora comprometida si no se ejecutan los proyectos», lamenta.

Asimismo, critica que, «de modo sistemático», numerosos proyectos que han sido sometidos «durante meses e incluso años a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sean suspendidos o rechazados, cuando dicho sistema aplicado con rigor, ya ha dejado sin Declaración de Impacto Ambiental favorable a muchos proyectos en sede administrativa».

«PREOCUPACIÓN MÁXIMA»

Por eso, los empresarios ven preciso valorar el alcance de esta paralización, ya que, en su opinión, no sólo afectará aisladamente a los proyectos objeto de instalación, sino que «tendrá graves implicaciones para otros proyectos nuevos y tractores de la economía» como los de hidrógeno y de amoníaco o fabriles ya anunciados y que «demandarán un gran consumo de energía nueva y renovable, que podrían peligrar si los desarrollos eólicos no se implantan en la comunidad».

Juan Manuel Vieites habla de «preocupación máxima» de todos los empresarios gallegos «ante la judicialización de un sector clave», lo cual genera «nefastas consecuencias» en la actividad económica y «con ello en el empleo y en futuras inversiones». «Estamos enviando señales que no favorecen la atracción de inversores y promotores de proyectos industriales a nuestra comunidad», expone.

«INDEPENDENCIA JUDICIAL»

Sobre este tema se ha manifestado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia Galicia, que ha salido al paso de las críticas contra resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ha defendido «la independencia judicial y la dignidad de todos sus miembros».

En un comunicado, valora que las críticas a las resoluciones judiciales son «legítimas», pero cree que no es eso lo que sucedió en este caso. «Las manifestaciones realizadas dibujaron un escenario falso y, sin querer o poder cuestionar los motivos de las resoluciones, optaron por el ataque personal a un órgano judicial entero a través del ataque a un magistrado de los que conforman sala», ha expresado.

Además, ha explicado que en los últimos tiempos fueron impugnados ante los tribunales diversos actos administrativos dictados en relación con la instalación de parques eólicos. En este sentido, el TSXG resolvió si la administración había respetado en la tramitación las normas y leyes vigentes. «Esta es una de las funciones de los tribunales, y es una garantía básica de la ciudadanía frente al poder económico, pero también frente al titular del poder político», ha considerado.

Según ha trasladado la asociación, en el inicio de la tramitación, alguna de las empresas, sin especificar cuál, pretendió que se variara el Tribunal que debía resolver señalando una causa de recusación contra un magistrado de la sala.

En este sentido, Jueces para la Democracia explica que hace más de un año que el resto de la sala rechazó tal pretensión, por lo que creen que acudir ahora a este argumento evidencia «poca consistencia de los otros usados».

«Es más», añade, «los asuntos se resolvieron con resoluciones asumidas por la totalidad de los miembros del Tribunal, al ser dictadas con el unánime voto de ellos y no con el voto ni principal, ni decisivo de quien es blanco de tan gratuito ataque».

«Que desde la Consellería y desde unas empresas se produzcan manifestaciones como las de estos días, que no acercan argumentos jurídicos sobre el fondo sino cualificaciones personales, es un ataque frontal a la independencia judicial», censura la asociación de jueces.

Por esta vía, remarca, «un grupo de empresas privadas con importantes intereses económicos pretenden que un Tribunal cambie de criterio al margen de las vías legales, o, cuando menos, que se altere la composición de la Sala en un intento de obtener una respuesta mas beneficiosa a sus intereses».

«Es el momento de reclamar a la Xunta que evidencie que, comparta o no la interpretación que hacen los tribunales de las normas, comparte que su posición institucional es la de aceptar esas interpretaciones y apoyar al Poder Judicial, cualquier otro comportamiento, actitud o mensaje será incomprensible», concluye.

TSXG

También el TSXG ha emitido un comunicado en esta línea. Tras reunirse la sala de gobierno este viernes, el tribunal ha defendido que ante la publicación de noticias que cuestionan la actuación de jueces y juezas gallegos se ve «en la obligación» de recordar que la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia.

Por lo tanto, afirma el TSXG, «su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones». «Todo eso sin prejuicio de que quien esté desconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantice la legislación procesual», expone.

Cabe recordar que la empresa Greenalia había recusado a uno de los magistrados de la sala, Luis Villares, porque lideró el proyecto político En Marea y mostró «públicamente, en diferentes ocasiones, su oposición a la instalación de proyectos eólicos y a las normas aprobadas por la Xunta para la regulación del sector», pero esta «posible incompatibilidad para juzgar el recurso» fue «rechazada».