El diputado Luís Bará (BNG) ha pedido responsabilidades a la Xunta ante los que considera un «vendaval», «chaparrón» y «tunda judicial» de sentencias contra la aprobación de proyectos eólicos.

En respuesta en el pleno del Parlamento, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha defendido que la Xunta es «superestricta» en normativa ambiental de eólicos. Pone como ejemplo que se van a archivar estos días un total de 66 proyectos con unos 2.000 megavatios.

Así, Bará ha avisado a Lorenzana que «tiene mucho trabajo» y «muchos frentes abiertos» en su nueva consellería, ya que «se acumulan las resoluciones judiciales contra la Xunta por actuaciones abusivas e ilegales».

Al respecto, ha enumerado las últimas resoluciones judiciales relativas a la suspensión cautelar de un parque en Santa Comba, la anulación de la autorización para el proyecto en Bustelo y para el de Campelo, y «así sucesivamente». También se ha referido a otros casos que afectan a este departamento como la investigación al ex director xeral Ángel Bernardo Tahoces por la mina de San Finx, así como la suspensión de la mina de feldespato de Muras.

Bará ha incidido en la «fragmentación ilegal» en tres parques –Monte Toural, Campelo y Bustelo– de un macroproyecto de Greenalia, con sus «puertas giratorias» de «su compañera Bea Mato». Censura que los tribunales exponen que también se redujeron plazos a la mitad y no hubo procedimiento de información pública.

Por todo ello, pide que «paren este boom eólico depredador», pues «su gobierno está siendo vapuleado por el TSXG» al estar «violentando la normativa ambiental una y otra vez». Igualmente, el diputado nacionalista avisa de que la Xunta «tendrá que hacerse cargo» de sus indemnizaciones.

En respuesta, Lorenzana ha dicho que la Xunta respeta las resoluciones judiciales, pero están a la espera de «lo que decida el Supremo en casación». Defiende que tres parques pueden tener la misma línea de evacuación para tener «un menor impacto» y no porque sea el mismo proyecto.

Asimismo, la conselleira deja claro que «no es cierto» que se violente la normativa ambiental, con una evaluación ambiental ordinaria de cada proyecto, que «no pasa en el Estado».