La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha informado de que la Xunta va a pedir al Gobierno central una comisión bilateral en relación con la nueva ley de vivienda antes de «determinar» si recurre su «inconstitucionalidad».

En su intervención en el Pleno del Parlamento gallego, la conselleira ha asegurado que con esta ley, que entró en vigor el pasado viernes, «lo que ya está habiendo es una parálisis de ciertos proyectos que se iban a llevar a cabo» por falta de «seguridad jurídica».

Tras comenzar con un saludo a los compañeros parlamentarios que se incorporan a los consistorios tras las elecciones municipales –en un Pleno que ha comenzado con 10 minutos de retraso por los saludos entre diputado–, Ángeles Vázquez señala que se estudia abrir un proceso de diálogo con el Gobierno y espera que «alguien se siente» con la Xunta en relación con una norma que «invade competencias autonómicas».

Así, ha empleado buena parte de su toma de la palabra en cargar contra una ley que «genera confusión normativa e inseguridad, ataca directamente el derecho a la propiedad, prima a okupas frente a propietarios, apuesta por un modelo intervencionista que Galicia no comparte» y, según dice, da lugar a «efectos nocivos que van a perjudicar tanto a inquilinos como propietarios».

«LO TENDRÁ QUE ARREGLAR FEIJÓO»

Por todo ello, Ángeles Vázquez asegura que esta ley provoca un «incierto» escenario, por lo que espera que «cambie más pronto que tarde». Incide en que «hay mayor sensibilidad del Gobierno con la ocupación que con personas que sufren la ocupación».

De hecho, Vázquez ha afirmado que «lo tendrá que arreglar Alberto Núñez Feijóo, que es más que conocedor de las problemáticas de vivienda».

Igualmente, le preocupa que se incremente el precio de alquiler, «que no se siga construyendo vivienda» y que los inmuebles vacíos «acaben siendo vivienda turística», «algo que tenían que regular en esta ley y no hicieron».

No obstante, ha reconocido que la ley «hay que cumplirla». «Independientemente de que me gustaría que se pusieran a mi lado», le ha dicho a la oposición, en la necesidad de una comisión bilateral.

También ha reprochado los anuncios del Gobierno sobre vivienda de la Sareb, puesto que en Galicia solo hay disponibles 40, de las que «solo cinco tienen licencia de primera ocupación». «Muchas de ellas son cascajos», la «gran mayoría están fuera de ordenación» y «no cumplen con código técnico».

NUEVAS 1.800 VIVIENDAS HASTA 2026

Asimismo, la conselleira se ha referido al objetivo de la Xunta de aumentar en 1.800 viviendas el parque público hasta 2026, con un total de 5.600, medida avanzada hace unas semanas en el Consello. Contará con un presupuesto de 250 millones.

Además, se impulsará la construcción de vivienda protegida, con puesta a disposición de cooperativas y promotores más suelo residencial ya urbanizado.

VIVIENDA PÚBLICA «PARADA»

Por su parte, Alexandra Fernández (BNG) ha recriminado al Ejecutivo autonómico que «mandaron parar la maquinar pública de vivienda protegida» del bipartito con la llegada de los populares a la Xunta en 2009, con cifras que fueron de solo «dos» construidas en 2018, según ha expuesto.

Remarca que con el bipartito se impulsaban entre 2.000 y 4.000 viviendas protegidas al año, pero las cifras del PP son «prácticamente nulas». Sostiene que en la última década la Xunta promovió unas 1.100, «menos que un solo año del bipartito».

En esta línea, Eduardo Ojea (PSdeG) ha criticado las «cifras muy escasas» de construcción de vivienda pública por parte del PP, de modo que exige que la Xunta cumpla con la nueva norma para limitar los precios del alquiler.

Censura la «dejadez» del Gobierno gallego ante la existencia de más 15.000 demandantes, lo que «triplica los inmuebles ofertados», y reprocha que solo ejecutó el 8,8% del presupuesto disponible en el Programa de Acceso á Vivenda.

En cambio, Begoña Freire (PP) ha destacado el «compromiso» de la Consellería al apostar por un modelo «de marcado carácter social». «Una ley que no da solución a los problemas de acceso a vivienda, sino todo lo contrario», ya que va a «encarecer los precios», por lo que «solo salen beneficiados los okupas ilegales».