La CIG llamará a «la lucha» contra el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que firmaron la semana pasada CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme ya que considera que «camina» hacia «la esclavización de las condiciones laborales».
En rueda de prensa, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y el secretario confederal de Emprego e Negociación Colectiva, Francisco González Sío, han denunciado «diez aspectos lesivos» de esta reforma, la que plantea el denominado V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023-2025.
Un acuerdo que rechaza y al que se opone la central nacionalista, que ha convocado asambleas de delegados en todas las comarcas gallegas el próximo 1 de junio, reuniones que terminarán con concentraciones y movilizaciones «para llamar a la lucha y hacer frente a la aplicación de este acuerdo».
Dado que el pacto no tiene carácter normativo, la forma en la que la CIG plantea oponerse a su aplicación es a través de las mesas de negociación.
Busca, con ello, «conseguir a lo que ya se consiguió en 2022, que en Galicia el incremento salarial medio fuese el más alto del estado español».
El firmado la semana pasada es un «mal acuerdo», un «lamentable acuerdo por sus contenidos, que son una suma tras otra de concesiones y renuncias», en palabras de Paulo Carril.
Es, además, «un acuerdo que blanquea la ofensiva del capital contra el trabajo» en un momento marcado por la pérdida de poder adquisitivo. «Institucionaliza los abusos laborales y la precariedad», ha censurado.
LOS SALARIOS
Y es que la CIG entiende que «la carestía de la vida no es la única causa de la caída de los salarios, sino que acelera una caída de los salarios que nace de un tiempo a esta parte y que tiene como objetivo empobrecer» a la clase trabajadora.
Carril ha criticado la «renuncia» por parte de CC.OO. y UGT a las movilizaciones y ha advertido de que el acuerdo para el empleo «deja dos años fuera, porque 2021 y 2022 quedan fuera». Al respecto, llama la atención: «coincide con los dos años en que mayor fue el incremento del IPC».
Además, contempla incrementos salariales «con una revisión de acuerdo con el IPC pero establece un tope y no genera derecho a atrasos», ha reprochado.
De este modo, ha concluido que «se hace un regalo a la patronal por varias vías: dos años que quedan sin solución y se establece un tope a la revisión salarial y no genera atrasos».
MÁS «ASPECTOS LESIVOS»
Entre los aspectos lesivos, que han desgranado ambos sindicalistas en su comparecencia, Carril ha apuntado que recoge «diferentes propuestas para actuar en el ámbito de la contratación» que van en la línea de la «precarización».
Así, «no se resuelve el periodo de prueba, que se está convirtiendo en una vía para imponer el despido libre y gratuito sin indemnización». Al contrario, ha asegurado que esto «se institucionaliza».
En el apartado de la «tan cacareada superación de la temporalidad», ha lamentado que «hay un retroceso» y también ha señalado al «abuso y descontrol de la modalidad contratación fijo-discontinua».
La reforma rubricada por las dos organizaciones de carácter estatal con la patronal prevé, según ha expuesto, «que las ETT puedan utilizar esta modalidad sin cortapisa», lo que identifica como «un auténtico contrato de explotación laboral».
Asimismo, en lugar de «fijar la jornada laboral en cómputo anual», con este acuerdo lo que se hace es un cómputo semanal, «lo que permite esa flexibilidad horaria que es una permanente puesta a disposición a las empresas».
En materia de diversidad, la CIG opina que «solo» hay «cuestiones declarativas» y «ninguna perspectiva de género».
Por su parte, González Sío ha visto «grave» lo que se introduce en el campo de las mutuas, «dando pábulo a que el absentismo es culpa de los trabajadores» y, además, en la vía de «privatizar la salud de los trabajadores» y la sanidad pública.
También ha criticado que «se sigue manteniendo el abuso» en el trabajo de personas con discapacidad, porque «la reforma afianza la discriminación», y se ha referido a otras cuestiones como el teletrabajo, en el que únicamente «se reproduce lo que dice la ley».
