La reunión en la que, de forma telemática, se ha presentado a distintos implicados el informe del ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) que propone aumentar a entre 102 y 115 los polígonos protegidos, en relación con las 87 zonas que ya están vetadas a la flota de fondo, se ha saldado sin despejar los temores del sector.
Así lo han trasladado fuentes consultadas por Europa Press, para incidir en que, desde la Comisión Europea se ha remarcado el carácter «informativo» de este encuentro, pero no ha respondido a determinadas cuestiones de interés para los implicados que se han puesto sobre la mesa. Eso sí, ha dejado claro que el encuentro de este martes es «un punto de partida» y ha clarificado el calendario.
Por ejemplo, tras el estudio del ICES, en los próximos meses se presentará un informe socioeconómico que también será detallado a los distintos implicados –que van desde el sector, a determinados colectivo o representantes institucionales–. Las fuentes consultadas apuntan que este martes estaban España y Francia como estados miembros, y que, sobre todo, intervinieron representantes del sector español, irlandés y francés.
Tras el informe socioeconómico habrá que continuar avanzando hasta cerrar un reglamento que determinará las zonas vetadas y que podría estar hacia finales de año o incluso a principios de 2024.
Sobre esta cuestión, en declaraciones a Europa Press, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, Sergio López, ha advertido que «lo realmente importante es la decisión política». «El informe que se nos ha presentado lo único que hace es plantear una serie de escenarios, lo que importa es la decisión política», ha esgrimido.
En este sentido, ha admitido que «está bien» que la CE vele por informar de los distintos pasos, pero ha recalcado que todos los informes pueden ser «buenos o malos» según la vertiente. Y bajo su punto de vista el informe del ICES mantiene «vicios» del anterior, que derivó en una decisión ya perjudicial para el sector.
Por ello, ha admitido que «tranquilidad no hay», y es preciso seguir defendiendo los intereses de un sector clave.
«CAMBIO DE ACTITUD A MEJOR»
Una visión algo más positiva ha mostrado el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, quien en declaraciones a Europa Press, ha celebrado el «cambio de actitud a mejor» que ha mostrado la Comisión Europea a través de esta reunión en la que han participado el titular de la DG Mare, Fabrizio Donatella, junto con científicos-técnicos que elaboraron el informe.
«En una audición abierta nos han hecho partícipes de todos los informes científicos con todo lujo de detalles. En algunas cosas ha habido más concreción, en otras menos, pero Donatella decía que este es el primer punto de una serie que va a haber a posteriori», ha explicado.
Aunque el presidente de ARVI ha saludado que, «en términos generales», ha matizado, que el sector «no comparta» la decisión ni tampoco la justificación: «Los datos que se utilizan son los de la huella del arrastre, pero no compartimos aplicar eso mismo para otras artes, como el pincho y el palangre», cuyos datos de impacto son «mucho más desconocidos».
Por eso, han solicitado a los responsables de la Comisión Europea que se obtengan «datos más específicos» sobre las artes fijas, que son «totalmente diferentes» al arrastre. Además, Javier Touza ha insistido en que estas decisiones deben adoptarse desde el «triple» criterio de sostenibilidad: «No solo medioambiental, sino también económica y social».
Así, el sector estará este miércoles pendiente de la comparecencia del comisario europeo del ramo, Virginius Sinkevicius, en la Comisión de Pesca de la Eurocámara.
