El comité de huelga de los funcionarios de Justicia y el Ministerio reanudan este lunes las negociaciones tras los «tímidos avances» alcanzados en la reunión del pasado jueves, cuando se sentaron a la mesa por primera vez para intentar desbloquear el conflicto laboral que da lugar a la huelga indefinida que empezó el 17 de abril en busca de una subida salarial «en línea» con la de los Letrados de la Administración (LAJ) –de hasta 450 euros al mes– y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que, según denuncian, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

«El lunes esperamos que el Gobierno presente una oferta económica concreta», apuntaron los sindicatos en un comunicado. En concreto, está previsto que se vuelvan a reunir en la sede del Ministerio en Madrid a las 12.30 horas: por parte del comité de huelga acudirán los representantes de CSIF, STAJ, CCOO y UGT; y por parte de Justicia, un equipo liderado por el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo.

Fuentes cercanas a la negociación han confirmado a Europa Press que tras la reunión del jueves las posturas entre el Ministerio y los sindicatos permanecen alejadas, por lo que todavía no hay un acuerdo para poner fin al conflicto laboral y desconvocar la huelga indefinida.

El pasado jueves, a la salida de aquella reunión, el comité de huelga indicó que «tras cinco horas de negociación» se habían producido «tímidos avances en relación con el retraso de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa para dar cabida a la negociación y también en materia de carrera profesional y clarificación de funciones».

PRIMERA REUNIÓN «DECEPCIONANTE» PARA LOS SINDICATOS

En declaraciones a la prensa a las puertas del Ministerio, José Luis Fernández, de STAJ, y Luis Calero, de CCOO, calificaron de «decepcionante» aquella primera reunión al no haber recibido ninguna propuesta concreta por parte del Ministerio.

El presidente nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, aseguró, sin embargo, que habían apreciado un «compromiso» por parte del equipo de Llop de «aplazar o de retrasar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa» para «dar cabida» a la negociación.

Por su parte, Antonio Lozano, de UGT, recalcó que «más allá de la buena intención» que habían visto en el Ministerio, no podían «subrayar nada». «Esto va a ser una negociación compleja», añadió entonces.

En concreto, los sindicatos reclaman una subida salarial en línea con la aprobada para los LAJ, que consiguieron un incremento de hasta 450 euros al mes. Asimismo, instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque –a su juicio– impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Y, además, solicitan una «redefinición» de las funciones de los empleados públicos de la Administración de Justicia.

«Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden, pero que además sirven para que la justicia funcione. Queremos que esas funciones se reconozcan de una vez por todas en la ley orgánica y que se nos retribuyan de manera justa. Queremos también participar en el proceso de modernización de la Justicia. Queremos que se negocie la Ley de Eficiencia Organizativa», explicó Jordán, en la manifestación celebrada el pasado miércoles en el centro de Madrid.

LA SEGUNDA HUELGA EN JUSTICIA EN 2023

El pasado viernes la huelga alcanzó su quinta jornada, una en la que, según los sindicatos convocantes, ya se acumulaban «decenas de miles de juicios» y 3,5 millones de expedientes paralizados. De acuerdo a sus datos de seguimiento, entre el 85% y el 90% de los 45.000 funcionarios de Justicia se habían sumado a la huelga.

Desde el Ministerio, sin embargo, registraron una participación del 18,5% en las provincias, ciudades autónomas y órganos centrales gestionados directamente por el Departamento dirigido por Pilar Llop.

La de los funcionarios es la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero –y hasta marzo cuando hubo acuerdo– estuvo en huelga el cuerpo de letrados. Para poner fin a aquel parón fueron necesarias cerca de una decena de reuniones, una de ellas de más de 15 horas.

Aunque finalmente aquella negociación desembocó en acuerdo, el pacto adoptado por Justicia llevó a otros sectores de la Administración a pedir revisiones salariales, incluido el de los funcionarios, el de los jueces y el de los fiscales.