La Xunta de Galicia ha presentado esta semana ante el Tribunal Xeral da Unión Europea la demanda de intervención de la Comunidad autónoma como parte coadyuvante en el recurso presentado por la Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7) y sus socios contra el reglamento de ejecución aprobado por la Comisión Europea que veta la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias.

Según explican en un comunicado, si el tribunal acepta la participación como parte coadyuvante, el Ejecutivo gallego podrá intervenir en el procedimiento y defender «directamente» los intereses de la flota afectada como del conjunto de la autonomía.

Detallan que la demanda presentada por la Consellería do Mar fundamenta su potestad para ejercer esta acción «recordando que la norma que prohíbe la pesca de fondo afecta a caladeros vitales para la flota gallega, por lo que la intervención en este proceso judicial se incardina incuestionablemente en las obligaciones y competencias de la Xunta en representación del interés público».

Destacan también el impacto socioeconómico que esta medida tiene en Galicia, «especialmente dependiente de la pesca» en relación con el resto de regiones de la Unión Europea.

A este respecto, inciden en que el pesquero es un sector estratégico tanto por su peso económico como por su dimensión social, ya que aporta el 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, casi el 5,5% del Valor Añadido Bruto y es el cuarto sector con mayor volumen de exportaciones.

La demanda gallega pone también el foco en que el sector es «vital» para la economía de un tercio (109) de los municipios gallegos, siendo la actividad principal de algunos de ellos como Ribeira (32% del PIB) o Burela, con casi el 20%. «De hecho, estos municipios son puerto base de algunos de los 200 buques directamente afectados y distribuidos por todo el territorio costero gallego», apuntan.

En cuanto al impacto que ya tiene en el sector y que «puede agravarse en el futuro», señalan que solo en los 100 primeros días de vigencia de esta prohibición las capturas totales de la flota afectada descendieron un 22%, «una caída que en muchos casos llegó al 50%», especialmente para algunos barcos que faenan en aguas de Gran Sol.

La comunidad estima que las pérdidas directas de la flota gallega podrían alcanzar los 216 millones de euros al año, unas cifras que en las lonjas de Galicia ascenderían hasta los 228 millones de euros, dado que los puertos de la comunidad reciben también descargas de buques de otras regiones.

«A esto se añade que el veto pone en riesgo de forma directa el futuro de estas 200 embarcaciones y de casi 2.300 tripulantes mientras que de forma indirecta están amenazadas alrededor de 900 embarcaciones y otros 2.400 profesionales del mar», indican.

PASOS A SEGUIR

Señala la Xunta que este es el primer paso en un procedimiento en el que la comunidad debe justificar «adecuadamente» que tiene intereses en esta cuestión y que la medida adoptada por Bruselas tiene impacto en el conjunto de la región.

Si la petición es aceptada, podrá acompañar a la flota en su defensa aportando argumentos e interviniendo directamente en el procedimiento.

El Gobierno gallego defiende la necesidad de paralizar un veto que considera «totalmente arbitrario, sin estudios científicos que lo avalen, e injustificado, pues impacta especialmente en una de las artes más selectivas que existen, el palangre de fondo».

Recuerda además que no se realizaron informes previos de impacto socioeconómico, «poniendo en riesgo la viabilidad de la flota y muchos puestos de trabajo».