El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado este lunes la disconformidad de España y de otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) con la propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre un plan de acción para la conservación de los recursos pesqueros, por lo que ha avanzado que defenderá los intereses de la flota española en el próximo Consejo de Ministros Agricultura y Pesca de la UE que se celebrará el lunes 20 de marzo.
En concreto, Planas ha indicado a los representantes de la comunidades autónomas en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios que es «necesario» que la Comisión realice un análisis profundo sobre la situación de la pesca comunitaria, con un «verdadero enfoque estratégico sobre el futuro del sector pesquero, antes de elaborar cualquier plan».
El Gobierno no comparte el enfoque general de las mismas porque cree que carece de un enfoque estratégico, no aborda en profundidad todos los problemas que atañen al sector, entre ellos la dificultad del relevo generacional, obvia actuaciones para garantizar la seguridad alimentaria y demoniza la pesca de arrastre como un arte dañino.
En dicho Consejo de Ministros se iniciará el debate que las distintas instituciones deben mantener sobre las propuestas de la Comisión, que requerirá cierto tiempo, y más aún cuando se han empezado a evidenciar las opiniones discordantes de los distintos Estados miembros.
Planas ha trasladado un mensaje de «tranquilidad» a las CCAA, ya que no se trata todavía de una propuesta legislativa y ha asegurado que el Gobierno «defenderá los intereses» de la flota pesquera española.
La Comisión Europea presentó el pasado 21 de febrero un paquete de cuatro comunicaciones en materia de pesca: un plan de acción para la conservación de los recursos pesqueros, sendos informes de funcionamiento sobre la Política Pesquera Común (PPC) y sobre la Organización Común de Mercados y una comunicación sobre la descarbonización del sector.
Respecto al plan para la conservación de los recursos, el titular del ramo lo ha considerado «decepcionante», porque no realiza un enfoque equilibrado entre la política pesquera y medioambiental, ya que no tiene en cuenta la dimensión socioeconómica de la pesca. Además, introduce actuaciones para limitar y prohibir la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas de forma genérica, sin considerar que no todas las artes de fondo tienen el mismo impacto.
De esta forma, Planas reclamará la necesidad de realizar previamente un trabajo científico sólido que considere los puntos de vista biológico, económico y social.
En cuanto a la PPC, el ministro de Agricultura ha explicado que el documento prioriza exclusivamente las cuestiones ambientales, que ya fueron objeto de la reforma realizada en 2013, y no aborda una visión estratégica de futuro que considere todos los problemas actuales del sector pesquero.
Sobre la Organización Común de Mercados de la pesca, Planas ha explicado que es necesario la defensa del producto comunitario frente a los de terceros países y que se exijan a éstos las mismas condiciones y normas de comercialización para no perjudicar la competitividad de la flota europea. Actualmente el 70% de los productos pesqueros que se consumen en la Unión Europea procede del exterior.
Planas ha reiterado que España comparte con la Comisión Europea la preocupación por la descarbonización de la actividad pesquera, asunto que será el tema central del Consejo Informal de Ministros de Pesca que se celebrará en julio en Vigo dentro del periodo de presidencia española de la UE.
El ministro del ramo ha insistido en que la transición energética va a requerir un «gran esfuerzo de financiación» para sustituir la flota por buques con mayor capacidad, nuevo diseño y más eficiente, que mejore también la seguridad y confort para favorecer el relevo generacional, por lo que ha considerado que deberán habilitares fondos europeos.
MARRUECOS
Por otro lado, en el Consejo de Ministros del próximo lunes también se abordará la finalización del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que expira en julio.
El Gobierno apoyará que se tomen medidas para evitar la interrupción de la actividad. España es uno de los países más beneficiados por este acuerdo, ya de las 138 licencias posibles, 93 corresponden a buques españoles, principalmente andaluces, canarios y gallegos.