El Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen) ha celebrado que la propuesta de aumentar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la base reguladora de las nuevas pensiones haya sido rechazada y no se produzca, de este modo, el «endurecimiento» que, según la organización, pretendía el ministro Escrivá, con el incremento del número de años para calcular esta base.

La asociación de pensionistas ha emitido este domingo un comunicado en el que muestra así su satisfacción con las medidas tomadas por el Gobierno en la segunda parte de la reforma de las pensiones.

Modepen ha realizado una valoración «de urgencia» en la que destaca principalmente el rechazo a la propuesta de aumentar el periodo del cálculo de la base reguladora de 25 a 30 años. Esto, señala, deja la posibilidad a los pensionistas de elegir la opción que más les convenga entre realizar el cálculo entre los últimos 25 años o hacerlo entre los últimos 29, pero suprimiendo los dos cursos menos favorables.

La organización subraya que la Comunidad Europea «ha cambiado su discurso» y ha pasado del «no hay recursos» a buscar ingresos para pagar las futuras pensiones. Asimismo, considera que este «cambio de mentalidad» es producto de la movilización social en Galicia, España y Francia, sociedad que, según el movimiento, «concienció a Bruselas» de la importancia que tiene el colectivo pensionista.

Para Modepen, el hecho de que la Unión Europea «se rinda a la evidencia» de que avanzar en la privatización de los sistemas públicos de pensiones y en el recorte de las pensiones «va tener un gran coste», confirma la necesidad de continuar con la labor de información, organización y movilización del movimiento.

También fija como objetivos para los próximos meses y la próxima legislatura tanto recuperar los 65 años como edad legal de jubilación, como derogar la ‘ley Escrivá’ de los fondos de pensiones de empresa.

Además, Modepen felicita al colectivo pensionista por haber logrado la actualización de las pensiones al 8,5%, una subida de las pensiones mínimas y no contributivas de un 15% y la paralización del incremento del número de años para calcular la base reguladora que pretendía el Gobierno.