La Confederación Intersindical Galega (CIG) se ha dirigido a la Fiscalía de Ourense para solicitarle, a raíz de la detención de cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) en A Coruña, que reabra el expediente que archivó sobre esta organización por supuestas irregularidades en contrataciones en la ciudad de As Burgas.

Tal y como explican desde la CIG, el STL «domina casi el 100% de la recogida de residuos sólidos y la limpieza viaria» y, en Ourense, esa misma organización «creó Ecourense UTE, que emplea un sistema de contratación por medio de una agencia que se llama Imprego».

Esta firma, que «en teoría es para incluir en el mercado laboral a personas con riesgo de exclusión social», está dirigida «por la esposa del secretario de STL», denuncia la central nacionalista.

La CIG reconoce «cierta reticencia» en llamar ‘sindicato’ al STL, porque, «aunque legalmente se denominan así, todo parecido con un sindicato es pura coincidencia».

Las mismas fuentes explican que Imprego consiguió tener en Ourense el 50% de las contrataciones que se hacen en Ecourense UTE en exclusiva, «con la aquiescencia de una de las empresas del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas».

De este modo, la CIG asegura que el personal que contrataban «de pronto empezó a aumentar», la plantilla «se disparó» con vinculaciones «temporales, de fines de semana y coberturas que antes no se cubrían», y que a mayores «para que la gente fuese contratada tenía que pagar una cuota mensual».

«Si el contrato era de jornada completa era alrededor de 70 euros, si el contrato era de jornada parcial la cuota rondaba los 45», explica.

ACUDIERON AL AYUNTAMIENTO YA EN 2018

Todo esto la CIG y otros sindicatos lo pusieron en conocimiento del Ayuntamiento ya a finales del 2018, cuando fueron conocedores de que «se empezó a hacer este tipo de maniobra», pero «se puso de perfil», por lo que en el año 2020 acudieron a Fiscalía, pero la causa se archivó.

«Ahora, en A Coruña no solamente es que investiguen, es que han detenido a cuatro personas con coches de alta gama, con importantes cantidades de dinero y las acusaciones son de malversación y de estafa», indican desde el sindicato, señalando que el secretario general de la organización «iba con frecuencia hasta Ourense» para acciones tales como «la negociación del convenio de Ecourense o las elecciones sindicales».

«Si ponemos de ejemplo que contratasen 200 personas entre A Coruña y Ourense, con cuotas mensuales de setenta euros, eso asciende a 14.000 euros al mes», reclama la CIG, que censura que «una persona, por trabajar, tenga que pagar un tributo mensual para tener un contrato, en muchos casos, en precario».

Así pues, ensalzan que lo ocurrido en A Coruña le «han dado la razón» y por ello piden que la Fiscalía de Ourense reabra el expediente en base a la denuncia que realizaron en el pasado 2020 y además solicitan que el Ayuntamiento, que está realizando los pliegos para la nueva concesión de recogida de la basura, establezca un sistema de contratación «transparente, para que no haya ninguna tentativa, ni ninguna forma, de manipular y enriquecerse de forma si no ilícita, por lo menos inmoral de la necesidad de trabajo de las personas».