Ence descarta que el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España –por falta de transparencia en la adjudicación de concesiones y realizar prórrogas de hasta 75 años en dominio público marítimo-terrestre por la Ley de Costas– pueda afectar a la prórroga de su concesión en la ría de Pontevedra.

En un comunicado, la compañía recuerda que la legalidad de esta prórroga –concedida hasta 2073 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy– fue avalada por el Tribunal Supremo en un fallo de este mes de febrero, «sin que se vea afectada por modificaciones legislativas que puedan tener lugar con posterioridad».

«Incluso en un hipotético escenario futuro en el que, como consecuencia de este procedimiento, España tuviese que modificar finalmente su Ley de Costas, dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo: es decir, se aplicará a futuro, pero no a las concesiones cuyas prórrogas fueron concedidas con anterioridad, como es el caso de la prórroga extraordinaria de la concesión de Ence Pontevedra», sostiene la compañía.

Al respecto, remarca que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 5 de noviembre de 2015, «ratificó la constitucionalidad del régimen de las prórrogas extraordinarias» establecido en la Ley de Costas de 2013.

«En el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista Español (PSOE), se argumentó que la Ley de Costas entraba en contradicción con la Directiva de Servicios. Con todo, esta argumentación no fue acogida por el Tribunal Constitucional, que declaró la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 2/2013 (por el que se regula la concesión de prorrogas extraordinarias sobre las concesiones de dominio público marítimo terrestre)», agrega.

La Comisión informó el pasado miércoles que incoa «un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras».

Los servicios comunitarios sostienen que la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un periodo de hasta 75 años sin justificación «es contraria a las normas de la UE».