El Parlamento gallego pide que el Gobierno central amplíe el plazo de tramitación que deben cumplir en próximos meses los proyectos eólicos que ya cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

Esta propuesta del PPdeG, que ha salido adelante con la abstención del PSdeG y el rechazo del BNG –tras no aceptarse su enmienda–, busca que la autorización administrativa previa y el permiso de construcción se puedan emitir conjuntamente y tengan el mismo plazo, es decir, de seis meses desde la aprobación de la declaración ambiental.

Los proyectos que han contado con una Declaración de Impacto Ambiental favorable –77 de tramitación de la Xunta–, tras un plazo fijado por el Gobierno central del 25 de enero como fecha para contar con una DIA sin perder el permiso de conexión a la red, cuentan ahora con un plazo de tres meses para tener una autorización administrativa previa y de seis meses para la luz verde para la construcción.

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha realizado esta misma reclamación en los últimos tiempos al Gobierno para que ambos trámites se puedan presentar juntos en un plazo de seis meses, una petición que ahora respalda la Cámara gallega.

Así, Marta Nóvoa se ha quejado de que haya un «agravio comparativo con Galicia» al volverse en contra de la comunidad haber buscado una «agilización» administrativa que ahora supone «un esfuerzo adicional» respecto a otras comunidades. Además, responsabiliza al Gobierno central de la «avalancha» de proyectos eólicos al poner una «fecha límite» para la tramitación.

«NO LLEGA A TIEMPO A CUMPLIR SUS PROPIOS PLAZOS»

Durante el debate, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha expuesto que con esta propuesta «se manifiesta una vez más» que la Xunta «no llega a tiempo para cumplir sus propios plazos». «El problema que tiene la Xunta es que no trabaja, no tiene gente suficiente para cumplir con estos hitos», espeta.

Lamenta que, «en vez de trabajar, le echan la culpa a Pedro Sánchez», a pesar de que «llevan con los proyectos todo este tiempo guardados en los cajones». Recuerda que una veintena de proyectos perdieron sus derechos de conexión en Galicia debido a que la Xunta no emitió una DIA en plazo.

A renglón seguido, Ramón Fernández Alfonzo (BNG) ha calificado de «extraña» esta propuesta, puesto que la conclusión que se saca es que «la Xunta está sobrepasada» y «pide prórroga porque no llega a tiempo».

Recrimina que con esta propuesta la Xunta «dejaría sin efecto la agilización de la que presume», pues la Administración gallega «inicia antes los trámites para acabar al mismo tiempo» que el resto. «Piden ‘papas’ porque ante todo hay que salvar los intereses de las empresas energéticas que son las que mandan», reprocha.