El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha hecho «explícito» con un acto en Santiago su apoyo a la empresa Ence y a la permanencia de su fábrica en la ría de Pontevedra, a pocos días de la sentencia del Tribunal Supremo sobre su futuro.

Garamendi, que ha participado este viernes en un almuerzo-coloquio con el director territorial en Galicia del grupo Ence, Antonio Casal, ha reivindicado lo «clave» que es la industria, en este caso la relativa al sector forestal, a su llegada en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha puesto sobre la mesa la cifra de los 5.000 empleos que, de acuerdo con la compañía, entre indirectos e indirectos, están vinculados con la planta de Lourizán. Además, ha asegurado que su presencia en la comunidad gallega es relevante para «cuidar los bosques». Su futuro, ha incidido, es «responsabilidad de todos».

El Tribunal Supremo informó a Ence a través de una notificación que el próximo día 7 de febrero realizará la votación y el fallo de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declararon la nulidad de la prórroga de su concesión en la ría de Pontevedra hasta 2073 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Junto a Garamendi, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha apelado a «esperar» a la resolución judicial que despejará la situación, pero ha advertido de que ni Galicia, ni «menos» Pontevedra, están «sobradas» de industrias como esta de celulosas.

ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER «ECHARLA DE GALICIA»

El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, ha indicado también que es preciso «esperar» a lo que diga la justicia, y ha asegurado que el Ejecutivo gallego lo «respetará».

En todo caso, ha acusado al Gobierno central de ser quien ha «provocado» esta situación y le ha atribuido la «intención» de «echar» a la papelera «de Galicia».

Y es que la Xunta, según ha recordado, dio una «alternativa» que suponía adscribir los terrenos de Lourizán a la Autoridad Portuaria de Marín. «Pero el Gobierno no tuvo ninguna voluntad», ha criticado.

Así, Conde ha censurado que la «intención» ha sido llevarle a esta situación «límite» y ha resaltado que espera que la resolución del Supremo sea «favorable».