La Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia que un 35,4% de los asalariados gallegos cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, contexto ante el cual reivindicará un alza en las nóminas de unos 101 euros al mes.

En rueda de prensa, la central nacionalista ha presentado este viernes sus propuestas para las negociaciones colectivas de este año, que se centran en cinco puntos de acción entre los que figura ese incremento salarial del 5%, que equivaldría a un crecimiento lineal de unos 101 euros al mes.

Así, según ha explicado el secretario confederal de negociación colectiva, Francisco González Sío, este aumento tiene que ser igual al IPC previsto, ya que de no ser así, advierte, se produciría una pérdida de poder adquisitivo.

El objetivo de estas líneas de acción, según ha destacado, a su lado, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, es la «lucha» por la recuperación salarial en un contexto marcado por la carestía de la vida y el avance de la precariedad laboral.

De esta manera, a partir del análisis de la situación sociolaboral de la comunidad autónoma que se apoya en el informe de salarios de 2022 elaborado por su gabinete técnico de economía, ambos sindicalistas han trasladado otras actuaciones como la exigencia de una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC real.

De hecho, han expuesto que en el año 2022, el 43% de los convenios recogieron esta cláusula, por lo tanto hay «muchas personas trabajadoras con convenio» que no han tenido este mecanismo de actualización y por lo tanto perdieron poder adquisitivo, como mínimo de hasta un punto porcentual, según sus estimaciones.

Relacionado con esto, solicitan que los convenios de las empresas se adapten a los sectoriales. A modo de ejemplo, han señalado lo que ocurre en la planta de PSA de Vigo, donde los trabajadores tienen salarios inferiores al convenio sectorial del metal de la provincia de Pontevedra.

Otra cuestión «fundamental» que plantean es el control de la contratación a través de la negociación colectiva, ya que la ausencia de regularización, aseguran, crea «descontrol» y flexibilidad «total» por parte de la patronal para ser «dueña y señora» de la vida de los trabajadores.

También la contratación eventual, que, aseveran, «sigue igual que antes» de la llegada de la reforma laboral, a pesar de que en ella se hablara de una estructuralidad en los puestos de trabajo. La CIG censura que aún existe en este punto «un problema de fraude».

Por último, plantean la utilización y extensión de los ERTE como medida de flexibilidad dentro de las empresas y los sectores, aunque admiten que «no debe ser la norma».

EL INFORME

La CIG ha recordado que la comunidad gallega registró un aumento salarial de media del 4,83%, por encima del 4,57% de País Vasco y del 4,49% de Navarra. Es el incremento más alto con respecto al resto de territorios del país.

Por ello, interpreta que «en los territorios donde existe un sindicalismo nacionalista hegemónico es dónde hay una tensión por la negociación colectiva que provoca cambios».

A pesar de esta subida de los salarios, un 35,4% de la población asalariada recibe menos del salario mínimo, según lamenta. Un dato que se acentúa en la franja de edad correspondiente a los menores de 26 años.

Por otra parte, el contrato a tiempo parcial ha aumentado un 33% frente a los de tiempo completo, que lo hacen un 13%, de acuerdo con los datos que maneja la organización.

Todo esto causa, a juicio de la CIG, que una población con alto nivel formativo «decida emigrar para escapar de la precariedad que existe en Galicia».