La planta de biodiésel de Biovigo Energy construida en 2010 en Curtis (A Coruña) solicita autorización ambiental integrada para empezar a funcionar, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publica el anuncio por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental.

Entre otras cuestiones, este estudio constata que «el nivel de riesgo intrínseco del sector o área de incendio de la instalación se ha valorado con grado 7, es decir, alto», de ahí que sea «necesario establecer medidas correctoras para reducir la posibilidad de que se pueda producir esta situación».

El estudio resalta que la instalación «no afecta ni directa ni indirectamente a cursos fluviales ni a humedales de interés ni a zonas hidrológicas protegidas». «No existe afección sobre la vegetación, ni sobre hábitats naturales protegidos» y tampoco sobre la fauna, según subraya.

Además, añade que la puesta en funcionamiento de la planta supondrá «una solución directa y viable para suministro de biocombustibles de primera generación, reduciendo emisiones derivadas del depósito de residuo en vertedero, así como una opción de producción de biodiésel no demandante de cultivos destinados al uso energético y como consecuencia de reducción tanto la huella de carbono como la huella hídrica del proceso».

La puesta en marcha de las instalaciones de Biovigo «aportaría los beneficios sanitarios de la correcta gestión de los residuos Sandach y lograría que el flujo de los alimentos (recursos-producto-residuos) se transformara en un flujo circular (recursoproducto-valorización de residuo-producto)», incide

La planta se localiza dentro de la reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo pero «en zona de transición», la de menor protección ambiental dentro del espacio protegido.

«Del análisis realizado se concluye que los valores ambientales que conllevaron a la declaración de esta zona como reserva de la biosfera, no sufrirán una merma de su significancia, ni se comprometerá su existencia», apunta.

A mayores, asegura que la instalación cumple con las directrices del paisaje de Galicia y «se considera compatible con los elementos definidos en el catálogo de los paisajes de Galicia».

En fase de explotación «no existirá impacto sobre la población debido al bajo nivel de ruidos, ni tampoco por emisiones atmosféricas ni por vertidos, siendo por ello compatible con la protección de la salud de la población del entorno», según señala.

Por todo ello, con el diseño realizado para la planta y las medidas protectoras y correctoras propuestas, el documento considera que dicha instalación «es viable ambientalmente siempre que se cumpla lo dispuesto en el presente estudio».

En cuanto a su vida útil, le estima 25 años y agrega que llegado el momento de cese de la actividad de la planta «se valorará el alcance de la restauración a acometer en la zona de implantación y la conveniencia o no de llevar la parcela a origen».

El presupuesto total destinado para la ejecución de las medidas ambientales protectoras, correctoras y compensatorias, así como los necesarios para el desarrollo de los trabajos de vigilancia y seguimiento ambiental, supera los 37,39 millones de euros (unos 13,44 para medidas compensatorias y 23,95 para vigilancia).

El estudio analiza otras dos alternativas, que serían la de «no actuación» –dejando que la planta construida continúe sin actividad, evolucionando en su deterioro, según ha venido siendo en los últimos 12 años– y la de desmantelamiento.