El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, como representante de todas las comunidades autónomas, han asistido este domingo a la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de pesca, en la que entre los días 11, 12 y 13 se decidirán los Totales de Captura Admisible (TAC) y cuotas pesqueras para el año 2023.

El objetivo de España para este encuentro «decisivo» para el futuro del sector pesquero es conseguir las «mejores posibilidades de pesca para mantener la viabilidad de la flota», para lo que el país presentará una serie de medidas alternativas para evitar algunas de las propuestas de la Comisión para algunos TACs de especies del Atlántico y una nueva reducción de los días de pesca en el Mediterráneo, según indican en nota de prensa desde el Gobierno cántabro.

En concreto, en cuanto al Atlántico, España tiene intereses en 18 de las 26 poblaciones que serán objeto de negociación en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca. Para estos stocks la Comisión Europea ha propuesto modificaciones de los TAC y cuotas para 2023 que van a afectar a especies de gran interés para el conjunto de la flota, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

Así, la propuesta inicial de la Comisión anuncia incrementos para los TACs de merluza sur, el rape, y el gallo en el Golfo de Vizcaya. Destaca el caso de la merluza sur, después de ocho años sucesivos de recortes, y que este año se permitirá un incremento considerable debido a la importante recuperación de la especie constatada por el ICES.

En el caso de las especies que sufren recortes se anuncia una reducción del 1,7% para la caballa, lo que resultará poco significativo para la flota respecto a los anteriores puesto que en 2023 ya no se debe detraer de la cuota la multa por sobrepesca que venía pagando el estado español en años precedentes.

Pero, sin embargo, según ha manifestado el consejero, «resulta muy preocupante el anuncio del recorte de la cuota del jurel oeste, nuestro chicharro, para el que se anuncia un TAC 0, lo que supone un grave perjuicio para la flota de Cantabria, especialmente la de cerco que trabaja en los cabezos durante la época estival».

La propuesta de la Comisión para el jurel oeste, de un TAC 0, se debe a la mala situación de la especie, ante lo que el mandato general del plan de reconstrucción elaborado por el Consejo Consultivo de Especies Pelágicas permite una captura total de 15.513 toneladas y solo para pesca accesoria.

Igualmente, España presentará propuestas técnicas para lograr mayor incremento de cuotas de abadejo, lenguado y cigala, así como la «oposición rotunda» a la veda planteada para la anguila europea, la angula en Cantabria, con la propuesta de una alternativa de veda más flexible para la pesquería de la angula, ya que los seis meses consecutivos que se proponen «supondría el cierre de la pesquería por completo», según declaraciones del consejero.

En cuanto a los TACs en el Mediterráneo, Blanco ha subrayado la importancia de las propuestas del Ministerio para frenar las medidas anunciadas por la Comisión que suponen una merma de la actividad pesquera en esta zona.

LOBO Y SELLOS DE CALIDAD

Por otra parte, el consejero aprovechará su estancia en Bruselas para mantener un encuentro con el director general de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Comisión Europea, Humberto Delgado, y el jefe de unidad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Joao Onofre, para trasladar la problemática del lobo en las cuatro comunidades autónomas que albergan a la mayor parte de los ejemplares de la población de esta especie en España: Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León.

En concreto, hará entrega a los representantes comunitarios de los datos actualizados de los daños que el lobo ha causado en los últimos años en Cantabria y en las demás comunidades del Noroeste de España, donde habitan la práctica totalidad de los lobos del país, para poner de manifiesto la necesidad de retirar a esta especie del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), ya que su inclusión, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), supone «un grave perjuicio para el necesario equilibrio entre la especie y la ganadería extensiva», ha sostenido.

«Siempre hemos defendido la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, pero exigimos que en España se nos deje a las comunidades autónomas la gestión de esta especie», ha subrayado Blanco, quien ha recordado que han sido las comunidades autónomas las que han conseguido llegar a un escenario, «no de ausencia de conflicto, pero, al menos, de tener todas las herramientas a nuestra mano, incluidos los controles de ejemplares de lobo cuando sea necesario y que el Ministerio nos quitó hace un año».

El consejero ha indicado que «el tiempo ha dado la razón a Cantabria» porque desde el punto de vista jurídico la norma que han puesto en marcha el Ministerio «ni siquiera va a permitir hacer esos controles que teóricamente el propio Ministerio decía que la norma aprobada por ellos permitía».

Blanco ha considerado que «lo peor que le puede pasar al lobo» es que se judicialice su gestión «y eso es lo que ha conseguido el Ministerio», por lo que ha confiado en que Europa «abra los ojos y escuche a los que sufrimos esta injusticia para que exijan al Gobierno de España devolver la gestión a las comunidades autónomas que tenemos lobos como lo veníamos haciendo».

«Lo mejor que le puede ocurrir al lobo es que, o bien los tribunales nos den la razón o que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sea sustituida», ha opinado Blanco.

«Bienvenida sea la iniciativa del Parlamento Europeo solicitando a la Comisión Europea que permita a las regiones la gestión de especies que, como el lobo, suponen un factor adicional de riesgo para la viabilidad de las explotaciones ganaderas, por supuesto apostando por la coexistencia, como siempre hemos hecho en Cantabria, y esperamos los movimientos de la Comisión y del Gobierno de España en el mismo sentido que el Europarlamento», ha afirmado Blanco.

Otro de los asuntos que llevará el consejero cántabro a Bruselas será la problemática de los productos cántabros que gestionan alimentos con algún tipo de sello de calidad diferenciada en la Comunidad Autónoma, tales como la Indicación Geográfica Protegida (IGP) o la Denominación de Origen Protegida (DOP), con el fin de solicitar algún tipo de ayuda comunitaria que permita compensar a estos productores el incremento de los costes de producción.