Los empleados públicos de la Xunta recibirán este mes de noviembre la subida adicional del 1,5%, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para compensar «el aumento del coste de la vida» debido a la crisis energética y a la guerra de Ucrania, y como forma de compensar, de este modo, los efectos de la inflación.

Así lo ha anunciado este martes en el Parlamento de Galicia el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante su intervención para explicar el proyecto de ley de esta retribución extraordinaria, que ha salido adelante con los votos favorables de PP y PSdeG y la abstención del BNG.

Este incremento adicional se aplicará con efectos de 1 de enero de 2022 y se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021. Para esta medida, la administración autonómica ha habilitado un crédito extraordinario en el presupuesto de 78 millones de euros.

Así, el titular de Facenda ha detallado que con este incremento adicional del 1,5% y el aumento del 2% previsto en los presupuestos de la comunidad para el año 2022, la subida total de las retribuciones de los empleados públicos ascenderán este año al 3,5%.

Además, el conselleiro ha explicado que este incremento es «consolidable», por lo que los empleados públicos incrementarán en un 4% sus retribuciones para el próximo año 2023.

Cabe destacar que esta subida se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas de todas las administraciones que entró en vigor el 1 de enero de este año, recogida en los Presupuestos Generales del Estado 2022.

«DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS»

El diputado socialista Gonzalo Caballero ha lamentado que esta norma es «fruto de una legislación estatal» que, ha explicado, «obliga a la Xunta a ponerse detrás de una agenda progresista que defiende los servicios públicos y defiende a los trabajadores».

«Es hora de que dejen de ponerse a remolque y se pongan del lado de una mayoría que está con dificultades», ha clamado el parlamentario del PSdeG antes de anunciar el voto a favor de su formación.

En este sentido, ha argumentado que esta ley es «positiva» y, por eso, ha reconocido que la Xunta «cumple con sus deberes» fruto del «acuerdo con los sindicatos», aunque ha afirmado que le gustaría «que fuese más».

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

Por su parte, el diputado del BNG Iago Tabarés, que regresaba al Hemiciclo tras superar una dolencia, ha censurado la «falta de diálogo» y de «voluntad de negociación», así como que esta norma se haya tramitado por el procedimiento especial de lectura única.

Con todo, el nacionalista ha lamentado que esta subida «no servirá para compensar la pérdida de poder adquisitivo». Sobre esto, ha señalado que desde enero de 2010 los trabajadores del sector público «vieron incrementado su salario un 4,2%», mientras que el IPC «creció en Galicia más de un 22%». Por eso, ha rechazo que la pérdida de poder adquisitivo hasta enero «ha sido del 18,5%», por lo que «esta medida extraordinaria no compensa».

En este contexto, ha pedido al Gobierno gallego que tome medidas «efectivas y reales» para evitar que la subida del IPC «siga afectando a los trabajadores».

AGILIDAD

El último turno de palabra ha sido para el diputado del PP Pedro Puy, que ha afirmado que con esta resolución la Xunta «demuestra agilidad» para permitir que los pagos se realicen este año.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno central haya «impuesto» esta norma y «obligue a pagar», pero «no pone ni un euro». En esta misma línea, ha reprochado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no lo haya consultado ni con las comunidades ni tampoco con el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Pese a esto, considera que es una medida «justa» y fruto de «un pacto de rentas entre los principales sindicatos de España y el Gobierno». «La aplicamos con esfuerzo, pero con satisfacción y creemos que hace justicia con los empleados públicos», ha reflexionado Puy.