Los ayuntamientos gallegos asumen anualmente un déficit de 624 millones de euros por la prestación de servicios que o bien son compartidos por los municipios y la Xunta o son competencia exclusiva de la Administración autonómica.

Así lo determina un informe elaborado por la Federación Galega de Municipios e Provincias, que advierten de la brecha económica que existe entre el desembolso de 1.000 millones de euros para atender estos servicios y los 381 millones que perciben para su cobertura a través de transferencias procedentes del Gobierno autonómico.

Las conclusiones del documento han sido presentadas este viernes en Santiago por el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, que ha instado al Ejecutivo gallego a mover ficha y convocar una reunión para abordar una demanda «histórica» de las entidades locales gallegas: el incremento del fondo de cooperación local ligado a una mejor definición de las competencias a desempeñar por cada administración.

El análisis realizado por la organización que engloba a los 313 ayuntamientos y las cuatro diputaciones de la comunidad surge las conversaciones entabladas con la Xunta en 2019, cuando ambas partes se emplazaron a dar continuidad al Pacto Local Galego de 2006 y estudiar el contexto económico y administrativo para mejorar la financiación de las entidades locales y, por extensión, la prestación de servicios a la ciudadanía.

Como ha advertido el también alcalde de Vilagarcía durante la rueda de presentación del informe, los ayuntamientos asumen servicios que no son su competencia exclusiva, como el mantenimiento de centros educativos y sanitarios o las políticas de empleo, todas ellas de titularidad de la Xunta, con la que comparten la prestación de otras funciones como el urbanismo o la rehabilitación de viviendas.

Así, las transferencias que reciben los ayuntamientos de la Xunta sólo cubre aproximadamente uno de cada tres euros del gasto que acarrea la prestación de estas competencias que no son de su competencia exclusiva, según los cálculos elaborados por el grupo constituido por la Fegamp en el que, además de representantes de los municipios, también han participado profesores de Derecho y Economía de las universidades de Santiago y A Coruña.

El balance arroja un déficit de 624 millones al año para los ayuntamientos, que protestan por el mantenimiento de las cuantías que la Xunta otorga al fondo de cooperación local durante los últimos años en los que se ha producido un incremento de las transferencias que reciben las comunidades del Estado, algo que, como denuncian, no ha repercutido en el apoyo económico de los gobiernos autonómicos a los municipios.

Como apunta el informe, la Xunta percibió en 2020 el 82% de los ingresos, mientras que los ayuntamientos recibieron el 14% y las diputaciones, el 3%. La diferencia porcentual es similar si se analizan las transferencias del Estado, con el 84% a manos de Xunta, el 8,6% a los municipios y el 5,4% a los gobiernos provinciales.

Para la Fegamp, los datos también reflejan el «funcionamiento deficiente» del fondo de cooperación local, a través del cual, la Administración autonómica transfiere presupuesto a los ayuntamientos en función de criterios objetivos en los que tiene mayor peso el factor poblacional.

Los ayuntamientos denuncian que la asingación a este fondo al que la Xunta «lleva sin actualizarse los últimos 10 o 12 años» y fluctúa cada ejercicio en torno a los 120 millones de euros. Mientras esto ocurre, la Fegamp critica que aumente la partida que la Xunta dedica a convenios y subvenciones, que representan ya «el 80%» de los fondos que reparte a las entidades locales.

En este sentido, Varela ha subrayado que la reivindicación de los ayuntamientos es la disminunción del peso de estas partidas condicionadas y que se repercuta en el fondo de cooperación local para, de este modo, garantizar que el reparto sea «objetivo» y «respete» la autonomía local.

PROPUESTAS

Así las cosas, además de la reforma del fondo de cooperación local y el aumento de su asignación, las entidades municipales quieren que la Xunta se siente a negociar la definición de los límites de las competencias y a quién corresponde su desempeño y su financiación.

«Si hay nuevas competencias tienen que venir acompañadas de financiación. Si tengo más competencias pero el mismo dinero, se va a resentir la prestación del servicio», ha aseverado el regidor arousano, que también ha demandado que la Xunta incorpore a los ayuntamientos al proceso de elaboración de textos legislativos que vayan a suponer la asunción de nuevas competencias, algo que, como ha recalcado, ya se realiza en Andalucía.

Tras denunciar que los ayuntamientos están «ahogados» por esta situación, el presidente de la Fegamp ha reivindicado que las entidades locales han hecho «sus deberes», por lo que espera lo mismo de la Xunta para poder avanzar en una cuestión «fundamental».

«Se nos pidió un compromiso, el reto de estar dispuestos a hacer un trabjao serio y contundente para meternos en las tripas de las administraciones», ha remarcado Varela, que insta al Gobierno gallego a poner «fecha y hora» para reunirse y abordar la reforma de la financiación local.