El comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Estado ha denunciado que el Instituto Social de la Marina (ISM) de A Coruña, «escudándose en la ausencia de justificación» que permite no superar el periodo de prueba, ha rescindido el contrato laboral a dos trabajadores en prácticas que fueron los únicos que «curiosamente, habían solicitado medidas de conciliación familiar».

Según explica, en octubre el ISM contrató a diez personas en prácticas para la obtención de una primera experiencia profesional en la Administración Pública con cargo a los fondos de la Unión Europea Next Generation.

Este proyecto está diseñado para que las personas en situación de desempleo tengan un primer contrato de trabajo desarrollado en las diferentes administraciones públicas a través de un contrato temporal en prácticas con una duración de un año, percibiendo el 60 por ciento de las que les corresponderían y de las que se hace cargo el Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe).

Durante su contratación, tienen asignado un tutor o tutora entre el personal fijo del ISM de A Coruña, que son los encargados de proporcionarles formación, acompañamiento y evaluar su trabajo. También está contemplado que las propias personas trabajadoras lleven un registro diario de las actividades que realizan, para elaborar la evaluación.

Dos de estas personas, debido a sus circunstancias familiares, según explica el comité de empresa, solicitaron ejercer sus derechos a diferentes medidas de conciliación como el permiso de lactancia o la reducción de jornada por cuidado de un ascendiente con una enfermedad grave.

El pasado 28 de octubre, se les notificó a estas dos personas, de entre las diez contratadas, su cese por no superar el periodo de prueba «sin ninguna otra explicación, sin ninguna queja conocida de sus tutores y sin que se les pidiese sus registros individuales de actividades».

El comité de empresa denuncia que se están recibiendo quejas por parte de los trabajadores del ISM por lo que se entiende «un despido de dos compañeros por ejercer sus derechos a la conciliación laboral y familiar», máxime, en una administración que pertenece a la Seguridad Social y que «se supone que debería ser el mayor garante de la conciliación».