El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la ley de áreas empresariales de Galicia, que entrará en vigor dentro de 20 días naturales.
El texto apunta que la ley «trata de superar la rigidez habitual de los procesos de planificación, estableciendo mecanismos que permitan adaptar la ordenación a las necesidades de implantación de las distintas actividades empresariales en función de las necesidades del momento».
Estos mecanismos, concretados «fundamentalmente» en las determinaciones de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial y en la creación de los proyectos de desarrollo y urbanización, «no solamente permiten dotar estos instrumentos de una flexibilidad de la que carecen los tradicionales instrumentos de planeamiento, sino también reducir los tiempos de tramitación y ejecución, al evitar redundancias y distorsiones en la emisión de los informes sectoriales, y simplificar la tramitación ambiental, sin menoscabo de las garantías que aportan dichos trámites».
«Esa flexibilización, dirigida a adaptar la oferta de suelo a las necesidades de las empresas, unida a la agilización de los trámites de aprobación de los instrumentos necesarios para su implantación, constituyen requisitos esenciales con el fin de evitar los procesos de deslocalización y generar el marco regulatorio adecuado para aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo empresarial», indica la norma.
APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO
La ley fue aprobada a finales de septiembre en el Parlamento, donde el PSOE gallego votó a favor junto al PP, pese a las críticas contra el texto que desde la tribuna del hemiciclo lanzó el diputado socialista encargado de defender la postura de su grupo, Martín Seco, quien confesó que su grupo parlamentario apoya esta norma porque así se lo ordenó «la dirección política del partido».
Por su parte, los populares señalaron que esta nueva norma es una ley «pionera» que flexibiliza, simplifica y agiliza los trámites de creación de suelo para las empresas y, además, la demandaban los empresarios.
Mientras, el BNG vio esta nueva norma «una chapuza jurídica» que consiste «en un refrito de otras leyes» y que va a suponer «un nuevo tijeretazo».
