La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prevé obtener en 2023 un beneficio de 120 millones de euros y elevar un 10% respecto a este año su cifra de negocio, hasta los 5.757 millones de euros.
Así lo ha avanzado su presidenta, Belén Gualda, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para explicar las cuentas de la sociedad en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Tras cerrar 2021 con ganancias de 159 millones de euros y prever equilibrio para este año 2022, la previsión de la empresa pública es cerrar el próximo año con un beneficio agregado de 280 millones.
Correos, Navantia y Tragsa concentran el 88% de la cifra de negocio, con un aumento del 23% en el caso de Navantia (1.673 millones), impulsada por el aumento presupuestario en Defensa y el avance de programas como las F-110, el BAM IS, el Patrullero de Marruecos y el submarino S-80, pero también la mayor actividad en líneas de negocio en energía renovable.
Por su parte, Tragsa aumenta el próximo año su cifra de negocio en 57 millones de euros, hasta los 1.181 millones, con un crecimiento del 5% debido a diferentes encargos necesarios para la ejecución de programas del Plan de Recuperación de la Unión Europea, de restauración ambiental o los relacionados con las campañas contra incendios forestales.
LA «COMPLEJA» SITUACIÓN DE CORREOS
En el caso de Correos, su cifra de negocio alcanzará los 2.223 millones de euros en 2023, 117 millones más que en el año 2022, con un crecimiento del 5,6%, derivado principalmente de la recuperación en el negocio de paquetería y también al crecimiento de los nuevos negocios.
En su intervención, el diputado popular Celso Delgado ha afeado a la presidenta de la SEPI su papel en la gestión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, por las pérdidas acumuladas y la pérdida de valor patrimonial en esta compañía.
Gualda ha explicado que su situación es «compleja», ha puesto en valor la reducción en 75 millones de sus pérdidas y ha subrayado su apuesta por el servicio postal universal «de mano de la parte social», confiando en la recuperación de los servicios de paquetería y en el crecimiento de nuevos negocios como la logística o las oficinas en las zonas más afectadas por la despoblación.
SU PAPEL EN EL CAMBIO DE INDRA
Por otro lado, Gualda no ha aclarado a preguntas del diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal si conocía de antemano la intención de votar el cese de cuatro consejeros independientes que no respaldaban una mayor implicación del Estado en esta entidad, apoyándose para ello en el fondo Amber y el grupo SAPA.
Gualda ha limitado su respuesta a asegurar que «SEPI respeta y promueve el buen gobierno corporativo» en todas las empresas en las que participa, que «ha seguido el mismo procedimiento que sigue siempre para su participación en las decisiones de gobierno corporativo» y que a la hora de tomar decisiones y ejercer sus derechos políticos lo hace «siempre velando por el interés general de la compañía, y no particulares».
FONDO DE RESCATE
Por otro lado, Gualda ha certificado que todas las empresas asistidas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas están cumpliendo sus planes de viabilidad y calendarios de pagos acordados, y que no existe ninguna desviación que active los mecanismos previstos en caso de incumplimiento.
Preguntada por su valoración de este fondo de rescate, Gualda ha defendido que desde su puesta en marcha en 2020 ha recibido 73 solicitudes por valor de 5.392 millones de euros, desarrollándose 30 intervenciones por 3.255,8 millones, el 60% del importe solicitado.
Las empresas intervenidas emplean a 62.000 personas y facturan cada año más de 20.000 millones de euros y, dado que estos fondos permiten el mantenimiento de la actividad –las empresas no habrían podido mantener su actividad sin estos recursos, ha dicho– celebra haber «logrado salvar» este volumen de actividad y puestos de trabajo.
