Los sindicatos CIG, UGT y CC.OO. se han reunido con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para abordar las líneas generales del proyecto de presupuestos de la Xunta para 2023, y le han pedido que sean unas cuentas «extraordinarias» con «gasto social» que incidan en el empleo y en los servicios públicos.

El único dato que ha sido tratado en el encuentro ha sido el del techo de gasto de los presupuestos, que para 2023 se sitúa en 12.599 millones de euros. Está previsto que el documento entre el próximo jueves en el Parlamento y previamente recibirá luz verde en un Consello extraordinario.

Este viernes, los representantes de las centrales han señalado que tendrán que esperar a ver «los números» para valorar si hay incrementos en partidas que entienden que deben subir.

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación, la responsable de empleo de CC.OO., Maica Bouza, ha subrayado que las cuentas del año que viene «tienen que ser destinadas a las personas», en especial a las «familias más afectadas por la crisis».

«SIN DESCUIDAR LA INVERSIÓN»

Así, ha solicitado «cuantías importantes» para medidas como los bonos energéticos y térmico y para la renta de integración social de Galicia (Risga), que cree que además de un alza requiere un cambio en la normativa. Igualmente, también ha demandado que se recupere la tarjeta para gastos básicos que estableció la Xunta durante la pandemia.

Asimismo, ha visto «necesario» un plan «de choque» en sanidad, educación y servicios sociales, como en atención a la dependencia, a los mayores y a la discapacidad, ámbitos en que ha abogado por «reforzar» recursos humanos y materiales.

Por último, Bouza entiende que los presupuestos «deberían recoger los acuerdos en Madrid en materia de remuneración de los trabajadores del sector público».

«Esperamos conocer los números pero creemos que este es el año en que deberían tener mayor peso en gasto social sin descuidar la inversión», ha concluido la portavoz de CC.OO.

«IMPEDIR LA HUIDA DE GENTE»

Por parte de UGT, José Luis Fernández ha aludido a la «situación excepcional» que determina la guerra en Ucrania y su impacto en la economía gallega y en las familias, para argumentar que «hace falta un presupuesto extraordinario que incida en el empleo».

El objetivo, ha dicho, es «impedir» que este contexto «se resuelva con la huida de gente y pérdida de activos» en la comunidad, de ahí que apueste por un incremento del presupuesto que «tiene que ser suficiente» y, además, ejecutarse.

Entre otros campos, ha apuntado a servicios públicos «que están colapsados» como la sanidad –en concreto la atención primaria– y la dependencia. Las cuentas, ha reiterado, «tienen que llegar a los más vulnerables».

«ATENCIÓN A LAS PERSONAS»

En cuanto a la CIG, Miguel Anxo Malvido ha coincidido en que «en esta situación de crisis lo importante son las personas» y ha planteado la creación de «un sistema público de atención a las personas» con el servicio de ayuda en el hogar, los centros de día y las residencias.

Propone también aumentos en dependencia que se materialicen en más plazas, hasta lograr una ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años.

«Siendo Galicia productor de energía y exportador, debería existir una empresa gallega con la que los beneficios sirvan para bajar el precio de la luz», ha añadido.

Y, para terminar, ha recalcado la «importancia» de conseguir el establecimiento de un salario «que se equipare al salario mínimo interprofesional superando el Risga».