El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado, con datos acumulados a cierre de la nómina de septiembre, a 25.031 hogares gallegos y a 63.140 beneficiarios en la Comunidad.

Son datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicará con regularidad a partir de este mes de octubre y que desglosan el conjunto de hogares, por tipo, número de titulares y beneficiarios de la prestación por sexo, comunidad autónoma y provincia.

En el caso de Galicia, reciben esta prestación de mínimos un total de 11.062 hogares de la provincia de A Coruña, 7.005 de Pontevedra, 3.535 de Ourense 3.429 de la provincia de Lugo.

Casi siete de cada 10 titulares de esta prestación en Galicia son mujeres –17.376 del total– y beneficia, en general, a 35.400 féminas y 27.732 varones. Asimismo, 37.933 beneficiarios son adultos y 25.207, menores.

DATOS NACIONALES

A nivel del conjunto del Estado, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 509.574 hogares y a un total de 1.406.850 personas desde su puesta en marcha en junio de 2020.

Estas cifras acumuladas muestran que dos de cada tres titulares de la prestación son mujeres (338.982, frente a 170.592 hombres), y en total la prestación ha llegado a más mujeres (767.709) que a hombres (638.881). Además, un 42,4 por ciento de los beneficiarios son menores (597.179).

Por tipo de hogar, son mayoría aquellos en los que al menos un menor figura entre los beneficiarios (el 64,2% del total, 327.398 hogares) y son ya 272.913 prestaciones las que reciben el Complemento de Ayuda a la Infancia, una ayuda de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años que entró en vigor el pasado 1 de enero.

El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.

Esta medida busca «incentivar a los perceptores a conseguir empleo o -en el caso de ya tenerlo- a aumentar el número de horas trabajadas garantizando que su renta disponible será siempre superior a la que tendrían si no hubiesen dado ese paso».