La Comisión Europea ha avisado este lunes de que si bien está abierta a una revisión del veto a la pesca de fondo en 87 zonas protegidas del Atlántico recién impuesto ésta dependerá de los datos científicos que se conozcan el próximo 16 de diciembre y, en todo caso, «no llevará automáticamente» a una nueva decisión, sino que abrirá un proceso que no concluiría antes de la primavera del próximo año.

«La revisión anual no lleva automáticamente a un nuevo acto de ejecución. El reglamento sobre aguas profundas de 2016 obliga a la Comisión a actuar con base científica por lo que hay que esperar un nuevo dictamen científico», ha dicho el director general adjunto de la Dirección General del Mar de la Comisión Europea, Kestutis Sadauskas, en un debate con eurodiputados.

El funcionario –que ha sustituido en la comisión de Pesca de la Eurocámara al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, quien canceló su asistencia a última hora por una lesión en la rodilla– ha precisado que los servicios comunitarios esperan un nuevo dictamen el «16 de diciembre» y que toda reevaluación conlleva unos procesos de consulta y estudio que dilatarían toda decisión al menos a «primavera de 2023».

Además ha remarcado que el veto se aplicará únicamente a partir de los 400 metros de profundidad, mientras que hasta ese nivel estará permitida tanto la pesca de fondo como otros tipos, y ello no por un cambio de parecer de Bruselas sino porque así lo establece el reglamento desde su inicio.

El representante comunitario ha querido también llamar a un debate «sereno» tras semanas de tensión, un comentario que no ha dirigido expresamente a nadie pero que se produce días después de que Bruselas corrigiera al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cuando éste aseguró que la Comisión levantaba parte de la prohibición de pesca.

En su exposición, Sadauskas ha querido insistir en varias cuestiones clave del pulso con España e Irlanda, países que rechazan el veto, la primera de ellas defender que Bruselas «no ha cambiado ni podría cambiar» un «ápice» de lo que marca el reglamento de 2016 para aguas profundas que obliga a la UE a limitar las capturas en las zonas protegidas y que se ha basado estrictamente en los dictámenes científicos disponibles.

También ha remarcado que el reglamento de 2016 fue el resultado del acuerdo entre los Veintisiete y del Parlamento Europeo, por lo que la prohibición que ha entrado en vigor este domingo «no es una decisión política de la Comisión Europea», sino el resultado de las reglas negociadas por los dos colegisladores.

Una decena de eurodiputados, en su mayoría españoles de varios grupos políticos, han tomado la palabra para afear al Ejecutivo comunitario que no haya esperado a los datos científicos de este otoño-invierno antes de proceder a ejecutar la decisión, habida cuenta de que ya arrastraba cuatro años de retraso puesto que debía haber tramitado el primer acto de ejecución en 2018.

También han llamado a la «suspensión» inmediata de la medida hasta que la situación sea reevaluada a la luz de los informes más recientes y han planteado que los servicios legales de la Eurocámara estudien las posibilidades de recurso dado que, según sostienen eurodiputados del PP, PSOE, BNG y PNV, no se han realizado las evaluaciones de impacto socioeconómicas pertinentes.