El Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la Función Pública se citarán de nuevo este lunes, 3 de octubre, para conocer la respuesta de los trabajadores a la propuesta del Gobierno, con una oferta de mejora salarial para los funcionarios del 9,5% entre 2022 y 2024.

El planteamiento del Ejecutivo cuenta, por el momento, con el apoyo de UGT, la duda de CCOO y el rechazo de CSIF.

La cartera que encabeza María Jesús Montero ha presentado a los empleados públicos una subida salarial del 9,5%, que incluye un aumento del 1,5% con carácter retroactivo para 2022 y cláusulas de revisión para 2023 y 2024.

Los funcionarios ya han recibido este 2022 un aumento salarial del 2%, al que se sumará ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio.

Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. Los sueldos de los empleados públicos se subirían un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%.

La oferta de Montero se completa con un alza del 2% en 2024, de nuevo con un cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.

RESPALDO DE UGT Y RECHAZO DE CSIF

Hacienda comenzó las negociaciones el miércoles, con una propuesta inicial del 8% repartido entre 2022 y 2024, que ya incluía el incremento del 2% que los funcionarios han tenido en sus nóminas de este año.

Esa primera oferta del Ejecutivo establecía un 1,5% retroactivo para 2022, que se sumaría al 2% de aumento salarial que ya se dio para este año, seguido de un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024.

Los sindicatos reconocieron tras esa primera reunión la «buena intención del Gobierno», aunque consideraron que su propuesta era insuficiente para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años. En 2022, los sueldos de los empleados públicos han aumentado un 2%, frente al 10,5% en el que se situó la inflación en agosto.

Hacienda tomó nota de las reivindicaciones sindicales y volvió a la mesa de negociación el jueves con una mejora salarial del 9,5% repartida en tres años.

Junto a ese aumento, el Gobierno se comprometió a establecer la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), la aplicación de la clasificación profesional adaptada a las nuevas titulaciones (grupo B) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.

Asimismo, aludió a la jubilación anticipada, a la tasa de reposición, a la implementación de las medidas de igualdad, a la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y a la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas.

En lo que respecta a la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno se refirió a la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, a la negociación del contenido de la Ley de Función Pública de la AGE, las retribuciones y negociación colectiva para el personal del Servicio Exterior, a la revisión del modelo de centros penitenciarios y relación de puestos de trabajo (RPT), y a la revisión de los gastos de desplazamiento, como informaron fuentes de la negociación.

UGT aseguró al término de la reunión del jueves que «con toda probabilidad» daría el visto bueno a la oferta de Montero y así lo ratificó por unanimidad su Consejo Federal el viernes. El secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, sostuvo que el acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios será «una buena noticia para todos los ciudadanos», y no solo para los empleados de las administraciones públicas.

El sindicato se da por satisfecho con esa subida del 9,5% que plantea el Ejecutivo y cree que amortigua el impacto de una inflación «de carácter coyuntural».

En la posición contraria se mantiene CSIF, que llegará a la reunión del lunes con la intención de conseguir del Gobierno una oferta con «una cifra de dos dígitos», como dijo su secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, después de la reunión del jueves.

Pese a su oposición, CSIF se comprometió a analizar la propuesta de Montero durante el fin de semana, si bien pidió al Ejecutivo «un último esfuerzo» para alcanzar un acuerdo que contente a todas las partes. Además, CSIF corrige al Gobierno y le recuerda que ese 9,5% global que propone no es tal, puesto que un 2% ya está contemplado en las nóminas de este año y cree incorrecto contabilizarlo dentro de la nueva subida.

CCOO se guarda sus cartas hasta este lunes, fecha en la que debe contestar al Gobierno, como han comentado fuentes del sindicato a Europa Press.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, manifestó tras la negociación del jueves que la mejora presentada por el Gobierno suponía «un avance», aunque al mismo tiempo reconoció que el sindicato esperaba «llegar un poco más allá en materia económica y en otras cosas».

La decisión final queda pendiente de los órganos de decisión del sindicato, que deberán resolver si avanzan en la ratificación del acuerdo o si optan por «abandonar el camino si estiman que no se ha hecho el esfuerzo suficiente por parte d la Administración», como señaló Muñoz el jueves.