El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación de la Xunta, Francisco Conde, ha vuelto a reclamar al Gobierno central y a Endesa que clarifique el futuro para la central térmica de As Pontes (A Coruña) y que de esta manera «tanto a los trabajadores como los proyectos industriales que han demostrado su capacidad para desarrollarse en la zona, puedan dárseles viabilidad».
Dichas manifestaciones las ha realizado el integrante del Gobierno gallego en la mañana de este martes, durante una visita a la planta Pontes, en donde ha estado acompañando a la delegación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.
«La única certeza que tenemos en estos momentos es que Galicia pierde 700 MW», ha manifestado, en alusión a la autorización de cierre de dos de los cuatro grupos con lo que cuenta esta central propiedad de Endesa, tras la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de cerrar parcialmente la planta.
Asimismo, Conde ha asegurado que esto «supone una evidencia de falta de rigor y de falta de planificación», así como «la constatación, tal y como apuntó siempre la Xunta, de que efectivamente hay un problema de garantía de suministro» en el proceso de transición energética.
OTROS PROYECTOS
Conde ha detallado que, frente a esto, la Administración autonómica «lleva dos años trabajando y cuenta con proyectos industriales y energéticos de empresas concretas», entre las que citó a Sentury, Reganosa y EDP, y Ence.
«Lo que se precisa por parte del Gobierno y de Endesa es un calendario y plazos definidos para ver cómo se va a poder darle viabilidad a estos proyectos», ha agregado.
El vicepresidente primero ha abundado en que «no pueden» pedir «ni a la Xunta, ni al Ayuntamiento ni a los propios trabajadores un acto de fe», reclamando «la máxima transparencia y la máxima sensibilidad con los trabajadores, la industria auxiliar y los transportistas, que son los principales afectados por las decisiones del Gobierno».
Precisamente, este mismo martes el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, censuraba las críticas de la Xunta al respecto y justificaba la decisión del Ministerio por ser «coherente» y una «buena noticia» para Galicia y para los trabajadores.
