Representantes del sector mar-industria gallego y la directora general de Costas, Ana María Oñoro, han acordado analizar expedientes concretos de empresas afectadas por la nueva legislación relativa al litoral en una nueva reunión antes de que finalice el año.

Así lo ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, quien valora el «diálogo positivo» y «constructivo» del encuentro, pero advierte de que están «acostumbrados a buenas palabras» pero «después» esta problemática «se judicializa». De ahí que hayan salido «contentos pero con precauciones» del encuentro.

Vieites apunta que serán entre 12 y 15 los expedientes «complejos» que cree que tendrán que abordar en esa próxima reunión antes de que termine 2022, con la vista puesta en «tratar de encuadrarlos para que puedan mantener su actividad».

En todo caso, añade que hay diferentes casuísticas –«muchas» de ellas «menores», por canalizaciones, partes del almacén o de la fábrica…– y que es un asunto «dinámico», puesto que algunas compañías se verán afectadas cuando tengan que renovar la concesión o entren en el periodo de prórroga.

«TIENE QUE ESTAR EN LA COSTA»

«Lo que está claro es que el complejo mar-industria tiene que estar en la costa», subraya el líder de la patronal gallega, tras recordar la «inseguridad jurídica» en que se encuentran los empresarios a raíz de la ley de cambio climático y el nuevo reglamento de la ley de costas.

Por otra parte, ha comentado con la directora general la intención del Gobierno gallego de elaborar una ley propia para su litoral, a lo que Oñoro, según Vieites, ha respondido que el Ejecutivo central piensa que para ello es preciso cambiar el estatuto de autonomía.