La CIG ha reclamado la implantación de una tarifa eléctrica gallega, la subida de los salarios o fijar el precio de los combustibles como medidas para hacer frente a la «gran» crisis económica y social.

Así figura en el decálogo de medidas «urgentes» presentado este viernes en Santiago por el secretario xeral del sindicato, Paulo Carril, junto a la secretaria de Organización, Susana Méndez.

De esta forma, Carril ha hecho hincapié a la necesidad de «dar respuesta» a la situación actual y «generar dinámicas movilizadoras más intensas y más extensas».

Además, ha indicado que estas propuestas «no solo las van a reenviar a los diferentes gobiernos», sino que la central nacionalista «aumentará la respuesta» en sus reivindicaciones con la celebración de asambleas de delegados en todas las comarcas el 6 de octubre que dará pie a nuevas movilizaciones durante los meses de noviembre y diciembre.

En materia de electricidad, destaca la petición de implantar una tarifa eléctrica gallega en la que se elimine el pago del peaje de transporte y se aplique una reducción del 10% de la tarifa mensual a quien tenga domicilio en Galicia.

En la propuesta también figura la creación de una empresa pública gallega de electricidad, la aplicación del tipo mínimo de IVA (4%), la eliminación del impuesto a la generación (7%) o la creación de un tarifa eléctrica especial para fijar el precio de referencia entre los 10€/MWh y los 60€/MWh, entre otras.

SALARIOS, EMPLEO Y ATENCIÓN A PERSONAS

En referencia a los salarios, el sindicato ha indicado que «ante la subida del IPC el sueldo también debe subir». De esta forma, entre las medidas presentadas se encuentran la fijación del Sueldo Mínimo Interprofesional en los 1.197 euros al mes, incluir en los convenios la cláusula de revisión salarial con carácter retroactivo o reconocer el derecho a la jubilación ordinaria a los 65, entre otras.

Con alusión al empleo, la central nacionalista ha recetado la prohibición de simultanear la aplicación de un ERTE con otras medidas de recorte; garantizar el cobro durante todo el ERTE del 70% de la base reguladora de cada persona trabajadora o la derogación de la reforma laboral del 2021 y la aprobación de un nuevo procedimiento para el despido colectivo.

En otro orden de cosas, sobre la atención a personas, ha solicitado la creación de un sistema público gallego de servicios de atención a las personas en el que se aúnen las actuales residencias, centros de día o los servicios de ayuda en el hogar.

En esta línea, han pedido el incremento de los equipos de valoración para reducir el tiempo de resolución de los expedientes y la exigencia de mantener y la reapertura, de ser el caso, de los servicios públicos y de las oficinas bancarias en todos los ayuntamientos. El objetivo de esta última medida es garantizar los horarios que permitan la atención personal y presencial para cualquier gestión.

OTRAS MEDIDAS

En materia de protección social, la CIG pide que se establezcan precios para la energía, se prohíban los desahucios de viviendas durante el 2022 y 2023 o el incremento, por parte de la Xunta, del parque público de viviendas sociales, así como facilitar las condiciones de acceso.

También reclama que se fije un precio máximo de los combustibles, reforzar los servicios de movilidad con el aumento de las frecuencias y la ampliación de horarios o la aplicación a toda la red ferroviaria gallega la gratuidad y descuentos que se establecen en los territorios del Estado.

Asimismo, proponen una congelación de las rentas de alquiler durante los años 2022 y 2023, la congelación de las cláusulas de las hipotecas, reducir el IVA, modificar la escala del gravamen del IRPF o la eliminación de los fondos destinados a la Iglesia.

Todas estas peticiones expuestas se suman al plan gallego de recuperación económica, industrialización, creación de empleo digno y servicios que ha realizado el sindicato.