Trabajadores del astillero Hijos de J. Barreras recurrirán la decisión de Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, que ha acordado este jueves la extinción, con fecha a 1 de agosto, de los contratos de trabajo de cien empleados de la compañía, que está en fase de liquidación tras hacer sido declarada en concurso voluntario.

Así lo ha señalado el presidente del comité de empresa, Sergio Gálvez (UGT), quien ha mostrado su rechazo a la decisión de la magistrada, que estableció una indemnización de 20 días por año trabajado para cada empleado.

En declaraciones a Europa Press, ha lamentado que, pese a que el pasado viernes los empleados entregaron casi 10.000 folios con documentación, «en apenas 5 días le dio tiempo a leer todo». «Parece que hay mucha prisa para cerrar el tema», ha criticado.

En este sentido, ha explicado que en los documentos aportados, el comité de empresa pretendía exponer una serie de indicios de la existencia de un grupo de empresas patológico con transcendencia laboral, para así extender la responsabilidad hacia estas compañías, entre las cuales se encontraría la naviera de Ritz Carlton.

«Sabemos que la naviera utilizó al astillero», ha reivindicado Gálvez, para indicar que la constatación de la existencia de esta relación empresarial podría suponer una mayor responsabilidad, declarándose los despidos improcedentes, lo que permitiría a la plantilla acceder a unas indemnizaciones de 45 o 33 días por año trabajado, y no 20 días por año como ha establecido el juzgado vigués.

«Cuando Ritz Carlton decide sacar el barco de aquí, es una decisión empresarial que toma la naviera y el astillero. Cuando se llevan material del astillero por valor de 3 millones de euros y no se factura nada, eso es un indicio de la existencia de un grupo de empresas patológico», ha subrayado Gálvez. Sin embargo, la jueza ha negado la existencia de este grupo de compañías que actuarían bajo unas mismas directrices y una dirección unitaria.

Por todo ello, ha apostillado que se recurrirá esta resolución ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Además, varios trabajadores por separado también recurrirán los cálculos de su indemnización, ya que la magistrada no tuvo en cuenta las variables de sus nóminas para establecer las cuantías.

En la misma línea ha hablado desde CC.OO. Ramón Sarmiento, quien ha insistido en la necesidad de que se haga «justicia» ya que, según él, el final de Barreras fue provocado por la gestión llevada a cabo por sus responsables.

«No fue un accidente. No fue un proceso fortuito. Fue premeditado, deliberado», ha criticado en declaraciones a Europa Press, tras lo que ha añadido que se causó un prejuicio «muy doloso» a más de 100 trabajadores, que ahora quedan sin sus puestos de trabajo.

Por ello, desde el sindicato estudiarán las diferentes acciones a llevar a cabo y las distintas vías posibles para recurrir esta decisión. Además, también ha apuntado hacia el cálculo de las cuantías que percibirán los trabajadores, ya que muchos de ellos se han percatado de que el juzgado ha contabilizado de una forma que no consideran la correcta.