La asociación de consumidores En-Colectivo considera que sería de aplicación al caso de la autopista AP-9 una sentencia europea que se refiere al cambio de titular de un contrato público.

Tal como recoge la asociación en un comunicado, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que cuando un contrato público del que es titular una sociedad pública se transmite a otro operador económico independiente a la Administración que lo transmite, constituye el cambio de una condición fundamental del contrato, lo que requiere la convocatoria de una licitación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Diego Maraña, ha explicado que esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere a un caso similar al de la AP-9 ocurrido en Italia, donde el Estado italiano amplió el plazo de una concesión porque la empresa adjudicataria era pública. Sin embargo, luego esa compañía fue vendida a manos privadas, por lo que ahora la justicia europea dice que tendría que haberse vuelto a licitar.

Según En-Colectivo, esta resolución refuerza su denuncia realizada en julio de 2019 ante la Comisión Europea, que ya tiene abierto un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la AP-9.

«El Gobierno concedió estas prórrogas cuando las acciones de Audasa eran propiedad del Estado, que estaba gestionando un servicio de su titularidad, pero poco después de conceder la segunda prórroga, que comenzará el próximo año y durará hasta el año 2048, la Administración estatal vendió las acciones de Audasa a capital privado», ha explicado la asociación.

Ahora, el Tribunal de Justicia establece que ese cambio de titularidad, de manos públicas a manos privadas, es un cambio de una condición «esencial» del contrato, lo que requeriría la convocatoria de una nueva licitación, no para la venta de las acciones de la sociedad, sino una nueva licitación del contrato de concesión.

«El hecho de que el Tribunal haya dictado esta sentencia es una gran noticia para todos los gallegos y hace que cada día Galicia esté más cerca de conseguir que finalicen los abusos y lograr una autopista gratuita», ha reivindicado En-Colectivo.

Maraña ha reivindicado que esta sentencia podría aplicarse a la autopista gallega, ya que dicta jurisprudencia y la casuística es similar.