Plataforma Nacional, la agrupación de empresarios y autónomos que inició en marzo un paro patronal de transportistas en toda España, consultará este domingo en todas sus delegaciones provinciales a sus asociados si retoman las movilizaciones que se suspendieron el pasado 2 de abril.

En caso afirmativo, la reactivación del paro tendría lugar en julio, aunque el día todavía está por decidir, toda vez que la plataforma ha dado el 30 de junio como fecha límite para obtener una respuesta por parte del Gobierno a sus reivindicaciones.

No obstante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del paro que tuvo lugar en marzo, se comprometió a aprobar una ley que prohíba trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente Ley de cadena la alimentaria, antes del día 30 de julio, por lo que aún quedaría un mes.

En cualquier caso, desde el sector explican que la decisión de trabajar a pérdidas recae sobre cada una de las empresas transportistas que deciden hacer un servicio a un cliente por un precio ya pactado. Pero la competencia entre las empresas y los autónomos hace que se acepten pedidos que, con los actuales precios de los carburantes, no sean rentables.

En diciembre, el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano legítimo de interlocución con el Gobierno, ya consiguió una serie de medidas al anunciar la convocatoria de un paro que finalmente no tuvo lugar tras obtener respuesta a sus reivindicaciones.

Precisamente, una de estas medidas era una cláusula de revisión de precios para que, en el caso de que suban los costes de los carburantes, el precio adicional se lo puedan trasladar a sus clientes. También se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros, se reforzó la inspección, se redujo a una hora los tiempos de espera y se asignaron 20 millones de euros a crear áreas de descanso seguras en las carreteras.

JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS

Por ello, el CNTC no participó en el paro convocado por Plataforma Nacional en marzo, que reivindicaba medidas como limitar la presencia de empresas extranjeras en territorio nacional o la jubilación a los 60 años y la anticipada a los 58 años, a pesar de que es una asociación de empresarios y no de trabajadores.

Por esta razón se le denomina paro patronal y no huelga, y por ello también los asalariados no pueden dejar de trabajar, sino que es su empresa la que decide si para o no, a no ser que los ‘piquetes’ (un derecho reconocido no obstante en caso de huelga pero no de paro) pinchen las ruedas de los camiones que conducen los asalariados, como ocurrió en marzo.

Otras de las reivindicaciones de la plataforma fueron atendidas en marzo, gracias a la interlocución del CNTC con el Ministerio y a la gran presión que produjo el paro, como la devolución del ‘gasóleo profesional’ de forma mensual y no trimestral como hasta ahora, los 1.000 millones de euros en ayudas o los 20 céntimos de descuento en la gasolina.

Más allá de las demandas del colectivo, Plataforma Nacional quiere canalizar las tensiones que existen actualmente en el sector, preocupado por el continuo alza del precio de los carburantes, que cada día bate nuevos récords históricos por el impacto de la guerra en Ucrania y la dependencia de Rusia en materia energética.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DEL SECTOR

Ante la consulta que tendrá lugar el domingo, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor organización empresarial con representación en el CNTC, Ovidio de la Roza, ha llamado a la unidad del sector en una carta difundida a sus asociados.

«Aquellos que no pertenecen al sector o no han sido conscientes de lo que hemos vivido con los últimos Gobiernos, no tendrán en cuenta que durante años el CNTC reclamó al entonces Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen adelante y, sin embargo, la respuesta siempre era la misma: nos ignoraban y nos ninguneaban», comienza su misiva.

Posteriormente, asegura que en sus encuentros con el ministro José Luis Ábalos se tuvo un «halo de esperanza» que luego se quebró por la amenaza de los peajes y «la falta de compromiso», por lo que se decidió lanzar el órdago de diciembre de 2021, con lo que se consiguió avanzar en un acuerdo «histórico» para el sector.

Ahora, cree que todas estas medidas han quedado eclipsadas por una etapa «más ardua», desencadenada por la inflación, pero no cree que parar los camiones sea la solución: «acabaríamos con más perdidas y perjudicando a la sociedad que tanto nos necesita».

Por todo ello, pide salir adelante poniendo en marcha las medidas logradas, haciendo uso de la cláusula de revisión de precios y decir «no» a los clientes que se niegue a pagar un precio justo. «Sé que no es fácil, que siempre nos acechan las dudas y los miedos, pero si lo hacemos empujando juntos, lo lograremos», concluye De la Roza.