Las administraciones gallegas destinan una media de 398,3 euros por habitante en servicios sociales, casi 50 euros menos que la media del Estado, con Galicia situada en el puesto número 13 en desembolso por ciudadano.

Así se constata en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, el ‘Índice DEC 2021’, presentado este miércoles, que describe la situación de los servicios sociales tras el impacto de la pandemia.

En Galicia, las administracoines –Xunta, diputaciones y ayuntamientos– aumentaron un 8,5% su gasto en servicios sociales en 2020 respecto al año 2019, lo que se traduce en 31,3 euros más por habitante.

El informe apunta a un avance en el desembolso después de años de estancamiento que, sin embargo, no hace que Galicia supere la media del Estado, que fue de 446,9 euros. En relación al PIB, Galicia gasta el 1,82%, un 0,24% más, y se aproxima a la media estatal, situada en 1,88%.

Sin embargo, Galicia sigue el camino del resto de comunidades y presenta un descenso del presupuesto total de las administraciones en el gasto social, al pasar del 8,6% en 2019 al 7,6% de 2020, casi dos décimas por debajo de la media.

SISTEMA DESEQUILIBRADO

El documento apunta que Galicia presenta un desequilibrio entre lo que se considera como ‘derechos de papel’, es decir, la definición del sistema a nivel administrativo y legal; y su peso económico, al contar con una relevancia «débil» y con una cobertura de prestaciones y servicios «reducida».

Con todo, los promotores del informe apuntan que la Comunidad gallega presenta avances desde el año 2012 de cara a lograr un equilibrio en este sentido.

En cuanto al reparto del peso del gasto por administraciones, la Xunta aporta por encima de la media de las comunidades, con el 75,6% por el 69,4% del conjunto autonómico. Así, las entidades locales aportan un punto menos que la media, con el 29,4% por el 30,6% estatal.

RENTAS DE INCLUSIÓN

De este modo, Galicia destaca por la cobertura de plazas de centros de día y acogimientos a menores, pero está por debajo de la media en rentas mínimas de inserción, ya que sólo alcanzan al 4,6% de las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, cinco puntos menos que la media del Estado.

La Comunidad gallega también tiene menos plazas residenciales para personas mayores (un 1,92% de cobertura por el 2,7% estatal) y presenta una cuarta parte de la media en cuanto al servicio de teleasistencia, con un 2,7% por el 10% de todo el Estado.

DATOS ESTATALES

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que la pandemia de la Covid-19 ha «frenado» la recuperación de los servicios sociales en España. Así se constata en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, el ‘Índice DEC 2021’, presentado este miércoles, que describe la situación de los servicios sociales tras el impacto de la pandemia.

El informe concluye que «se quiebra una débil recuperación que se venía constatando desde 2016, después de los recortes producidos por la crisis», a pesar de que en 2020 aumentó un 10% el gasto que las comunidades autónomas y las entidades locales realizaron en servicios sociales.

Frente a este incremento del gasto, la asociación advierte de que algunos servicios sociales se han visto «deteriorados o incluso han retrocedido», como los servicios sociales básicos o comunitarios, y la red de atención primaria del Sistema en barrios, pueblos y comarcas, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 habitantes en 2020, a uno por cada 2.064 habitantes en 2021.

Además, el informe revela que los servicios sociales para personas mayores, el colectivo más afectado por la pandemia, no mejoraron en 2020. Así, se observa que las plazas residenciales se mantienen prácticamente igual (2,7%) que el año anterior (2,68%); y que el servicio de ayuda a domicilio experimenta un incremento de dos décimas en su cobertura (de 4,9% en 2019 a 5,1% en 2020) pero retrocede en su intensidad, con 2,8 horas menos de media al mes (de 20,6 en 2019 a 17,8 en 2020).

La asociación también denuncia que los centros de día se mantienen prácticamente igual (con un incremento de 0,01 puntos) y el servicio de teleasistencia se reduce dos décimas. También retroceden o tienen incrementos «muy débiles» los acogimientos familiares a menores (0,3 puntos menos), las plazas residenciales para personas con discapacidad (0,06 puntos más), las plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (descienden 0,1 puntos), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (0,5 puntos más).

En este sentido, los directores de servicios sociales señalan que «los incrementos económicos no son suficientes para mejorar la oferta de prestaciones o servicios, sino que deben ir acompañados de formas de gestión ágiles».

Además, de los datos se desprende que el gasto de las comunidades autónomas y entidades locales en servicios sociales aumentó un 10%, pasando de una media de 406,3 euros por habitante en 2019 a 446,9 euros en 2020.

Los autores del informe precisan que este incremento supone, por un lado, un aumento de 28 décimas sobre el PIB (pasando del 1,6% en 2019 al 1,88% en 2020, pero, por otro, pierde significación en el presupuesto global de las comunidades autónomas y de las entidades locales, pasando de representar el 9,95% en 2019 al 7,78% en 2020.

GRAN DESIGUALDAD ENTRE CCAA

Además, de los datos se desprende que existen «grandes diferencias» entre territorios, que suponen una «gran desigualdad de oportunidades reales». Sin considerar las comunidades con un régimen foral, como el País Vasco, con 971,1 euros de gasto por habitante en servicios sociales, o Navarra (608,3 euros), destacan las diferencias entre Extremadura (540,4 euros) o La Rioja (512,7 euros), frente a Madrid (357,1 euros) o Murcia (317,4 euros).

En esta misma línea, el porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas del País Vasco destinan a Servicios Sociales (3,19%), o Extremadura (2,96%), triplican al que destinan las de la Comunidad de Madrid, con un 1,11%.

Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los diferentes territorios. Así, según señala el informe, en Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid hay un profesional por cada 5.515 habitantes.

Por otro lado, el Índice DEC 2021 hace balance de la evolución de los servicios sociales en la última década en la que han tenido lugar dos crisis, la que se inició en 2009 y la de la provocada por la pandemia de la Covid-19.

Entre otros cambios, la asociación de directores y gerentes de servicios sociales destacan que, actualmente, todas las comunidades tiene ley de nueva generación, salvo Madrid, que está en fase avanzada de elaboración. Asimismo, ha aumentado de cinco a once el número de CCAA con catálogo de servicios sociales, y de dos a once las comunidades con planificación estratégica.

Además, la asociación pone de relieve que se ha incrementado un 26,2% el gasto por habitante y año, aunque se ha reducido en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las administraciones públicas destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 frente al 7,78% en 2020).

Los autores del informe precisan que cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor el porcentaje de financiación autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Así, en 2012, esta proporción era del 83,3% para las CCAA y 14,6 para las entidades locales, mientras que en 2020 pasó a ser 69,4% para las CCAA y 30,6% para las entidades locales.