La empresa Alcoa y sus extrabajadores han pedido a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el proceso de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés que archive la causa para la compañía después de alcanzar un acuerdo conjunto.

Los sindicatos, en representación de los trabajadores, presentaron el pasado 21 de abril ante el Juzgado Central de Instrucción Número 3 un escrito de desistimiento respecto de Alcoa y sus directivos imputados, manteniendo la querella inicial respecto a Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo.

La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera justificaban este movimiento en el acuerdo transaccional alcanzado con la empresa, que sirvió para que sus «pretensiones laborales» quedaran «plenamente satisfechas», no «teniendo nada que reclamar» a Alcoa.

«Habiendo alcanzado la convicción de que la actuación de Alcoa Inespal y de sus representantes ha venido presidida por la buena fe y ha sido plenamente ajustada a Derecho, y no apreciándose en la misma indicios de delito, manifestamos nuestra expresa y definitiva renuncia a ejercer la acción penal», apuntaban.

La propia compañía remitió un escrito el pasado 17 de mayo al Juzgado solicitando el sobreseimiento libre para la empresa y sus directivos asegurando que «no existe atisbo alguno» de que hubiesen podido incurrir en la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

«Es indudable que en la conducta de Alcoa tampoco pueden apreciarse los elementos típicos del delito de alzamiento de bienes, pues, lejos de lo que se sostenía en la querella, la venta de Parter a Grupo Industrial Riesgo ni fue conocida por Alcoa ni dio lugar a que mi representada dejara de hacer frente a los compromisos económicos asumidos», aludía la empresa.

Las fuentes consultadas por esta agencia apuntan que la juez estudia esta petición antes de dar una respuesta. Así, y aunque la decisión definitiva tendrá que ser abordada por la magistrada María Tardón, lo más probable es que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación, también expresen su posición al respecto, lo que podría determinar qué acusaciones se mantienen y contra quién.

Este movimiento del sindicato se produjo a raíz de la firma el pasado 11 de mayo del citado acuerdo por todas las partes. El mismo supondría una solución a la situación derivada de la venta de las fábricas de aluminio de La Coruña y Avilés a la empresa suiza Parter Capital que, a su vez, las revendió a Grupo Industrial Riesgo.

Fue la propia CCP la que se querelló contra Alcoa y las citadas empresas a finales de 2020 acusándolas de haber defraudado y maquinado para alterar el precio de las cosas con la grave repercusión para el mantenimiento de los puestos de trabajo.

UN «PRESUNTO FRAUDE»

En concreto, sostenían que las empresas habrían urdido un plan para hacerse con el control de las dos fábricas mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que, a juicio de la CCP, resultó ser «un presunto fraude».

La jueza admitió en diciembre de 2020 a trámite la querella y asumió la investigación, que continúa hasta la fecha. El auto de admisión, que recogía los argumentos de CCP, señala que tras negociar se llegó a acuerdo en enero de 2019 por el que para minimizar el impacto de la reestructuración, y para mantener los puestos de trabajo, se convino en implementar un periodo de trabajo hasta el 30 de junio para así valorar ofertas de posibles compradores. Se quería subrogar la totalidad de los empleos, proporcionando garantías financieras suficientes, y un plan de negocio viable.

Alcoa presentó entonces como posibles compradores a las entidades Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, y excluyó a competidoras con proyección internacional como Liberty, Quantum, Aludium y Cunext, a pesar de que habían sido presentadas como opciones posibles por el Ministerio de Industria.

Finalmente, Alcoa se decantó por la oferta del fondo suizo Parter Capital Group y se firmó acuerdo con fecha de 1 de julio por el que Alcoa se comprometía a invertir 20 millones de dólares por cada planta, y a prestar un apoyo financiero de otros 15 millones por cada una de ellas, por un tiempo de dos años.

La venta de ambas factorías se hizo efectiva el día 31 de julio de 2019, pero los querellados sostenían que «nunca tuvieron conocimiento formal del contrato por el que se llevó a efecto» y alegan que se ha ocultado a los sindicatos. Asimismo, referían la existencia de una serie de cambios en la titularidad de las sociedades propietarias de las dos plantas, y que estos se producen «de forma inmediata y consecutiva a la venta», algo que a su juicio evidenciaba «la actividad defraudadora» que sustentaba la querella.