El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, ha destacado que la Xunta ha rechazado en los últimos años un total de 149 proyectos eólicos, los cuales sumaban una potencia de cerca de 7.500 megavatios.

Así lo ha expuesto en el pleno del Parlamento gallego, en donde el diputado Luís Bará (BNG) ha denunciado la «alarma» y «desesperación» en diversas partes de Galicia, con «gente que se siente agredida e invadida por el boom eólico fomentado por la Xunta» y por el Gobierno central, según ha dicho.

En respuesta, Conde ha defendido que la Xunta ha rechazado y archivado 84 proyectos eólicos, los cuales sumaban 2.295 megavatios, por cuestiones como estar en áreas fuera de desarrollo, solaparse con parques en tramitación o no disponer de permisos de acceso y conexión.

A esto se une que el Gobierno gallego ha informado negativamente de 65 proyectos en tramitación por el Ejecutivo central, de más de 5.000 megavatios, «por estar fuera del plan sectorial eólico de Galicia». Lamenta que el Gobierno mantenga «su negativa» a archivar esas iniciativas, «generando enorme inseguridad jurídica».

En cambio, apunta que los parques autorizados por la Xunta han sido 17, que suman 357 megavatios. Además, entraron en servicio seis y una repotenciación, los cuales son de 92 megavatios. «Me quiere decir dónde está el boom eólico», ha rebatido el responsable de Economía de la Xunta al diputado del Bloque.

En esta línea, sostiene que «tramitar no significa en ningún caso autorizar». Incide en que el 77% del territorio gallego está «blindado» frente a la instalación de parques, al tiempo que existe un plan sectorial eólico «avalado por la Comisión Económica».

«BARRA LIBRE»

Enfrente, Bará ha denunciado que Galicia es el territorio de Europa con «más densidad eólica», pues en Alemania hay 73 kilovatios por kilómetro cuadrado, mientras esa cifra se eleva a 115 kilovatios en la comunidad gallega.

A renglón seguido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de «poner la alfombra» a las empresas eólicas. Identifica esta «barra libre» con varios cambios legales, entre los que ha citado que: «desaparecieron los concursos»; la recalificación de suelo rústico que pasa a ser suelo de especial protección de infraestructuras; así como optar por autorizaciones administrativas, pues si fuesen concesiones, las explotaciones revertirían de nuevo al público, pero aquí serán «para siempre» para las empresas.