La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para solicitarle una reunión de trabajo en la que abordar la ocupación de viviendas, «un tema que preocupa especialmente a los gallegos».

En la misiva, Vázquez remarca que ya es la sexta vez que pide un encuentro con Miñones desde que tomó posesión de su cargo; un encuentro en el que tratar no solo la ocupación ilegal, sino también otros temas que competen a ambas administraciones.

La titular de Vivenda urge a abordar la problemática de la ocupación, un tema que «no afecta solo a los propietarios de los inmuebles ocupados, sino también a todo el entorno, dificultando la convivencia».

Explica que el Gobierno gallego lleva tiempo trabajando para recabar «el sentir» de colectivos vecinales y comunidades de propietarios. «Estas asociaciones me han trasladado en los últimos meses la inseguridad social generada en sus barrios y la indefensión que sienten, así como la necesidad de que se impulse una reforma legislativa estatal que ofrezca soluciones duraderas y eficaces», asegura en la carta.

«Esto es precisamente lo que viene reclamando la Xunta», insiste la conselleira, que comenta además que han recabado informes de expertos juristas que «coinciden en la necesidad de acometer un cambio legislativo, especialmente del Código Penal, y del endurecimiento de las penas».

«Coincidirá conmigo en que no es justo que salga más caro apropiarse de un teléfono móvil que ocupar una vivienda. Y esto es lo que ocurre ahora mismo con la ley en la mano», se queja Ángeles Vázquez.

La representante autonómica también lamenta que el Ejecutivo central no tenga en cuenta las peticiones gallegas. Eso es lo que, para la conselleira, refleja el texto de la futura ley de vivienda estatal –ahora en tramitación–, que introduce una modificación de la ley de enjuiciamiento civil que, en la práctica, «supondrá admitir la ocupación ilegal de un inmueble como una forma de acceso preferentemente al parque público residencial».