El Parlamento gallego ha instado, por unanimidad –tras propuesta del Grupo Popular–, a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para solicitar la apertura de una mesa de diálogo entre ambas administración con el fin de terminar, mediante aclaración del alcance de la normativa sobre espacios costeros, con la «situación de inseguridad jurídica a la que el departamento de Costas del Estado somete a la cadena mar-industria de Galicia».

En la Comisión de Pesca, el diputado popular José Manuel Balseiro ha denunciado que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está «absolutamente obsesionada con expulsar a empresas y edificaciones de la línea de costa limitando concesiones y denegando prórrogas» de «actividades plenamente compatibles y vinculadas a usos marineros y acuícolas».

«Estamos ante una actuación totalmente inaceptable y desleal con la que Costas del Estado avanza en su intención de retirar del litoral buena parte de las edificaciones asentadas en él, ya no solo en el dominio público marítimo-terrestre, sino también en el portuario de competencia autonómica», apunta.

Así, Balseiro pide «diálogo, transparencia y seguridad jurídica, porque este asunto es vital para Galicia, pues está en peligro el futuro de instalaciones del sector marítimo-pesquero, fundamentales para la economía gallega, y también otras edificaciones sociales vitales para el conjunto de la ciudadanía».

PESCA RECREATIVA EN PUERTOS

En otro orden de cosas en esta comisión, el diputado socialista Julio Torrado ha denunciado como «absurdo e insostenible» que la Xunta derive a los municipios una competencia impropia como el control y vigilancia de la pesca recreativa en la pesca recreativa en los puertos.

En esta línea, ha demandado al Gobierno gallego que asuma el mandato parlamentario para flexibilizar la normativa sobre esta actividad, que originó quejas y contestación del sector.

En respuesta, la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, ha apelado a la colaboración de los municipios para poder aumentar los horarios y zonas autorizadas a la pesca recreativa, de forma que formalicen su apoyo.

Considera que es necesario «establecer un control y vigilancia por parte de los municipios al tratarse de una actividad vinculada únicamente al ocio vecinal y ajena por completo a la actividad portuaria».

Expone que, con base a las 41 solicitudes recibidas –relativas a 31 dársenas–, el ente público propone ahora el incremento de zonas y horarios permitidos para esta actividad en 29 puertos, lo que acercaría el 90% del sistema portuario el levantamiento de la prohibición vigente desde 1970.