El BNG ha reclamado la retirada de la Ley del ciclo integral del agua porque considera que su aplicación acarreará «un sablazo» a las familias y empresas que llegará «en el peor momento» debido al contexto económico actual, «muy diferente» al momento en que se elaboró el texto, que se encuentra en la actualidad en tramitación.
El diputado nacionalista Luís Bará ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para analizar la documentación remitida por la Xunta sobre el proyecto de ley. Estos informes «confirman las previsiones» del Bloque, que presentará enmiendas a la totalidad y de devolución al entender que su aplicación acarreará un incremento de la carga impositiva a ciudadanos y empresas, además de elevar la «conflictividad» entre administraciones.
Según Bará, la reforma del sistema de gestión del agua «llega en el peor momento», con los ayuntamientos «ahogados» por el incremento de precios y la «incertidumbre» en las obras públicas, además de darse en la «peor crisis de precios» de los últimos 40 años.
El parlamentario ha incidido en que el proyecto de ley que recibió hace una semanas luz verde del Ejecutivo gallego para su tramitación parlamentaria fue elaborado «hace un año», en un contexto económico «totalmente diferente» al actual, por lo que entienden que «lo razonable, prudente y lógico sería retirarlo para adaptarlo al nuevo contexto de crisis».
Otro de los motivos esgrimidos por la formación frentista para oponerse residen en que la consideran «una norma con una clara finalidad recaudatoria y coercitiva» que supondrá «un fuerte incremento de los costes para las personas usuarias» con una repercusión especial en «la clase trabajadora y las pequeñas empresas». «Feijóo predica con la bajada de impuestos, pero a la primera de cambio aprueba una ley que va a subir las tasas del agua», ha apostillado Bará.
El diputado se ha detenido en el canon del agua que deberá pagarse en los 37 ayuntamientos a los que dan servicio las 28 depuradoras gestionadas por la Administración autonómica a través de Augas de Galicia. Según Bará, se producirá un «brutal» aumento de los precios, como ejemplifica la EDAR de Placeres –que da servicio a Pontevedra, Marín y Poio–, que experimentará un incremento en su coste de 1,6 millones de euros «que van a pagar los contribuyentes».
Además, ha advertido del carácter «coercitivo» del nuevo marco, ya que «obligará» a los ayuntamientos a realizar «gran cantidad de planes» que derivarán en inversiones que harán «tambalear» los presupuestos municipales puesto que deberán «volcar todo el capítulo de inversiones» a estas acciones para no exponerse a recibir sanciones.
Por último, Luis Bará ha expuesto la ley, elaborada «con la apisonadora» de la Xunta «sin atender» las alegaciones de las entidades locales o los dictámenes del Consello Económico Social, también traerá «conflictividad» entre las administraciones al «invadir» competencias en manos de ayuntamientos y diputaciones.
«Lo prudente y razonable es que se devuelva», ha sentenciado Bará sobre una ley que afecta a un «asunto de máxima trascendencia» que, por lo tanto, requiere un acuerdo «de país» que abogue por una «adaptación a la realidad gallega», el abordaje al cambio climático y ceñirse a «la realidad y el contexto económico actual».
