El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Popular’ ha solicitado al Banco Central Europeo (BCE) que aporte «a la mayor urgencia» posible una serie de documentación relacionada con las inspecciones que se realizaron a la entidad y en las que puso el foco en el crédito reestructurado y activos adjudicados.

En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, centra su petición en dos de las inspecciones in situ (conocidas como OSI en inglés) que la entidad recibió antes de su resolución. Se trata, recuerda, de «investigaciones pormenorizadas sobre el riesgo, los controles de riesgo y la gobernanza».

En ambas OSI el encargado fue el inspector Jesús Martínez Usano, que compareció el pasado 4 de marzo ante el propio magistrado como testigo. Es precisamente tras su declaración cuando el juez ha decidido indagar en la supervisión realizada por el BCE, que también se realizó mediante equipos de seguimiento que supervisan el banco de forma permanente.

Así las cosas, en esta solicitud se encuentra la propuesta elevada por Ignacio Pardo –que también declaró como testigo en la causa– al Supervisory Board para que autorizara la inspección de crédito reestructurado del Banco Popular. Igualmente, el juez requiere copia de todos los documentos anexos a dicha propuesta.

LOS DOCUMENTOS, EN EL PLAZO DE 20 DÍAS

De igual forma, Calama requiere la pre-inspection note (PIN) elaborada por el propio Usano sobre dicha inspección, solicitando todos los documentos anexos a dicha propuesta y la copia de los correos electrónicos que el inspector envió en relación a la situación de los acreditados sujetos a inspección.

En relación a la segunda OSI, la relacionada sobre los activos adjudicados, el juez también requiere la propuesta elevada por el propio Pardo al Supervisory Board para que autorizase la inspección. Y, como en el caso anterior, insta a adjuntar la PIN elaborada por Usano así como todos los papeles de trabajo previos a la visita presencial.

Se trata de una serie de documentos que el BCE deberá cumplimentar, insiste el instructor, a la mayor urgencia posible. En concreto, el juez establece que el organismo deberá aportar esos archivos «en el plazo de 20 días».

Además, el magistrado entiende que su solicitud «no conlleva ninguna injerencia en la independencia o funcionamiento del Banco Central Europeo ni compromete los intereses de la Unión». «Por el contrario, coadyuvará a esclarecer los hechos que están siendo objeto de investigación por parte de este juez instructor», asegura.

Todo ello en el marco del ‘caso Popular’, en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del banco en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.