El presidente del comité de empresa de Xeal, Alfonso Mouzo, urge una reunión con el fondo TPG, dueña de las 10 plantas hidroléctricas en los ríos Xallas y Grande que eran propiedad de Ferroatlántica y de las fábricas de ferroaleaciones de Cee-Dumbría –cuyo nombre pasó a ser el de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal)–, para que aclare si tiene intención de vender estos activos.

Según informa este jueves El Economista, el fondo de inversión estadounidense TPG Sixth Street Partners ha puesto a la venta las diez plantas hidráulicas que Ferroatlántica tenía en Galicia junto a las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría. Asegura que la operación ha despertado el interés de alrededor de ocho posibles compradores.

No obstante, fuentes de Xeal consultadas por Europa Press niegan la intención de venta, puesto que «la compañía sigue centrada en su plan de inversiones».

El presidente del comité de Xeal señala que, «esta misma mañana» de jueves, los trabajadores han pedido una reunión informativa con la compañía y con la Xunta de Galicia, tanto con el vicepresidente económico, Francisco Conde, como con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, como departamento responsable de Augas de Galicia.

En declaraciones a Europa Press, Mouzo denuncia que en 2019 «hicieron una operación fraudulenta» después de que la justicia impidiese la segregación de la actividad hidráulica de las ferroaleaciones. «Seguimos dependiendo de Ferroatlántica pero estamos fuera de él», resume, lo que supone que: «Ferroatlántica pone antes a trabajar los hornos en las fábricas que tiene en España y en toda Europa antes que los nuestros». Esta gente solo se viene a lucrar con los beneficios caídos del cielo», apostilla.

«El grupo Ferroatlántica es el que maneja la producción en las fábricas, de hecho corre con los gastos todos en las fabrica, incluidas las nóminas», afirma. «Xeal le manda una factura al acabar el mes de las nóminas y el grupo Ferroatlántica ingresa a Xeal las nóminas, es un auténtico fraude», agrega. «Estos buitres americanos es a lo que vienen: a hacer limpia y dejar un desierto industrial», recrimina.

A esto se une que, desde el 1 de enero, los trabajadores padecen «condiciones inferiores» al convenio colectivo que le corresponde, según se queja, pero «la Xunta mira para otro lado». Asimismo, exige que el Gobierno gallego demande un plan de viabilidad que mantenga puestos de trabajo, ya que la actividad industrial «va a menos», pues se pasó de 293 empleados en todo el complejo en 2019 a 260 actualmente, dice.

LA XUNTA NO TIENE COMUNICACIÓN

Por su parte, fuentes de la Xunta indican a Europa Press que «no tiene constancia de esta operación», pues «la empresa no se puso en contacto para informar».

En esta línea, sostiene que «el objetivo sigue siendo garantizar la continuidad de la actividad industrial y estar al lado de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo».

«La Xunta de Galicia seguirá actuando con el mismo rigor y la misma transparencia que mantiene desde el principio, tal y como hizo en 2017, cuando se dijo no a la segregación. La posición del Gobierno gallego es clara: mantenerse vigilante para que se cumplan las condiciones fijadas en las concesiones, haya o no haya venta», aseveran estas mismas fuentes.