El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el ‘veto’ a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Las tres vicepresidentas del Gobierno –Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera– han sido las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto-ley aprobado este martes, con el que el Ejecutivo pretende frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra.

«El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos», ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha remarcado la voluntad del Gobierno de preservar «al máximo» la senda de recuperación iniciada en 2021.

Por ello, ha defendido que el Gobierno está actuando con «responsabilidad» y ha puesto en valor el «intenso proceso de diálogo» del Ejecutivo con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas para abordar este real decreto-ley.

El Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

Entre las medidas más importantes que ha esbozado la vicepresidenta primera para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.

El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores.

Este eje dirigido a ciudadanos también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.

10.000 MILLONES EN CRÉDITOS ICO PARA APOYAR EL TEJIDO EMPRESARIAL

En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses, según ha explicado Calviño.

Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. «Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo», ha avanzado la vicepresidenta primera.

Además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para el pesquero.