La Xunta de Galicia considera que Xeal cumple con la cláusula que vincula la explotación de las centrales hidroeléctricas al mantenimiento de la actividad de las plantas de ferroaleación de Cee y Dumbría, ya que «la empresa sigue funcionando y teniendo actividad», según ha explicado la directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, en respuesta a una pregunta formulada en comisión por el BNG.

En concreto, la directora xeral ha aseverado que la cláusula que vincula estas dos cuestiones es «central» y que está totalmente «en vigor». «Lo que hay son dos negocios que están indisolublemente unidos», ha explicado.

La empresa trató en su momento, por vía judicial, de «segregar» estas opciones, ha reconocido Mancha, pero, primero el TSXG y después el Supremo, de forma firme, «estableció el carácter indisoluble de los dos negocios», una postura que, ha añadido, fue también la de la Xunta. «Aplicando esta sentencia, no cabe otra interpretación, está obligada al mantenimiento del empleo en las fábricas en base a la concesión hidroeléctrica», ha destacado.

Sin embargo, la Xunta considera que esta cuestión se está cumpliendo y que la empresa «tiene que mantener el empleo y la actividad tal cual está». «La empresa sigue funcionando y teniendo actividad», ha ratificado Elena Mancha.

Frente a eso, el diputado del BNG Daniel Pérez ha asegurado que, desde la compra de la actividad por parte de TPG-Ithaka en 2019, «se perdieron 110 empleos» y existe un «descenso de la actividad productiva injustificado».

Entre otras cuestiones, Daniel Pérez ha explicado que a estas plantas «no les influye» el incremento del precio de la energía, ya que «la producen ellos mismos». No obstante, ha destacado, con el alza del precio de la electricidad «para la empresa resulta más rentable venderla que dedicarla a producir ferroaleaciones».

«Hay un incumplimiento palmario de las cláusulas y no se está manteniendo ni el empleo ni la actividad», ha zanjado el diputado, que ve en los pasos dados una «segregación encubierta». «Lo único que les interesa a los nuevos dueños es la explotación de los pingües beneficios de la producción eléctrica», ha añadido.

EL CONVENIO, JUDICIALIZADO

En cuanto a las negociaciones para el nuevo convenio colectivo, Elena Mancha ha narrado el proceso de meciación -inicialmente informal y luego a través del Consello Galego de Relacións Laborais– que se puso en marcha, pero que, tras tres «largos días» de conversaciones, concluyó sin resultado.

En enero, ha apuntado la directora xeral, el comité de empresa decidió judicializar el asunto. «Ahora está en manos de la justicia y, cuando hay una cuestión que está bajo conocimiento judicial, tenemos que esperar que la jueza se pronuncie sobre el tema y no podemos entrar en esas cuestiones», ha asegurado.

En cuanto a conflictividad laboral, la directora xeral ha explicado que se mantuvieron reuniones con el comité de empresa los días 5 de enero y 23 de febrero, encuentros en los que se trasladó una cuestión relativa a un caso de acoso, por el que ya hay sentencia condenatoria, y otro de un despido –derivado del primero–, ambos aspectos que «no corresponden a la autoridad laboral», ha dicho.