El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha trasladado que estudiarán la propuesta que ha dado a conocer Aloca este jueves por la que busca, mediante «un acuerdo global», acabar con los procedimientos judiciales vinculados a las plantas de A Coruña y Avilés, aunque la ha tachado de «chantaje».
Corbacho ha matizado que se trata de una propuesta, no de un acuerdo, y ha lamentado la «prepotencia» con la que, dice, actúa la multinacional, «que hace lo que le da la gana porque el Gobierno se lo permite».
Ha apuntado hacia la compañía como «la gran culpable», dado que «ellos licitaron a quienes entraron en la planta». «Tendríamos que tener una planta moderna y se despreocuparon», ha criticado. Ha aseverado además que los trabajadores no van a «blanquear cualquier delito que haya podido acometer la multinacional sin más», que «debería asumir todas las consecuencias».
Este mismo jueves, día en el que Alcoa ha hecho pública esta propuesta para acabar con los procedimientos legales de sus antiguas plantas gallega y astuariana, los trabajadores se han manifestado en A Coruña para, «una vez más, pedir una solución para la fábrica» y «la intervención por parte de la SEPI».
Respecto a la propuesta de la multinacional, la compañía espera que «permita una solución rápida y razonable» para todas las partes involucradas.
LA PROPUESTA DE LA MULTINACIONAL
La propuesta planteada está condicionada a que se alcance un acuerdo global que sea aceptado por todas las partes interesadas. Para lograrlo, Alcoa y las dos administraciones concursales de Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña (cuyos trabajadores han vuelto a manifestarse este jueves) llevan semanas negociando el acuerdo de despido masivo que deberá ser aprobado por los trabajadores de las dos empresas.
«Un acuerdo global beneficiaría a todas las partes y, en el caso de Alcoa, permitiría centrar sus esfuerzos en su negocio actual en España», han señalado desde la aluminera.
Las plantas fueron vendidas a Parter en 2019, en un proceso avalado por el Gobierno español y respaldado por los representantes de los trabajadores.
«Alcoa siempre actuó con total transparencia y de conformidad con la legislación española en el proceso de venta. Sin embargo, las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los exempleados que permanecen en las plantas, lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales», han asegurado desde Alcoa.
En cualquier caso, Alcoa tiene la intención de continuar adoptando todas las medidas legales que procedan contra los compradores de las plantas, ya que son sus actuaciones las que han creado la situación perjudicial que afrontan Alcoa y sus exempleados. Si no se logra un acuerdo, la compañía cree firmemente que su recurso actual ante el Tribunal Supremo debería prosperar.
COLABORACIÓN Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO
Alcoa confía en la «colaboración» con las partes interesadas y en que se mantenga un «diálogo constructivo». En este sentido, Alcoa llegó a un acuerdo con sus trabajadores el 29 de diciembre de 2021 para promover la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao.
La intención actual de la compañía es centrar todos sus esfuerzos en España en el futuro de la fábrica de San Cibrao, realizando las inversiones necesarias, colaborando con todas las administraciones implicadas y, sobre todo, manteniendo el compromiso con los trabajadores, «cuya implicación es fundamental».
