Ence prevé el cierre de la fábrica de Pontevedra entre 2023 y 2024 si el Supremo no atiende a sus recursos contra las tres sentencias de la Audiencia Nacional, dictadas entre julio y octubre de 2021, que anularon la prórroga de la concesión en los terrenos de dominio público sobre los que se asienta su fábrica de Pontevedra.

Así figura en su informe presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la cuenta de resultados a cierre de 2021. Ence explica que ha recurrido estas sentencias ante el Tribunal Supremo y se encuentra a la espera de una primera decisión del alto tribunal sobre la admisión de los recursos presentados.

«En caso de no admisión de los recursos o de desestimación de los mismos por parte del Tribunal Supremo, le correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico determinar (en decisión visada por la Audiencia Nacional) el plazo para un potencial cese de actividad de la biofáfrica», aclara.

Con todo, se refiere a un «escenario de potencial cese de actividad de la biofábrica en 2023-2024». Al respecto, «se registraron en los estados financieros del segundo trimestre deterioros de activos y provisiones de gastos que no supondrán una salida de caja por un importe neto de 151,9 millones de euros, junto con una provisión de 42,3 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por el potencial desmantelamiento de la biofábrica», a lo que se suma «una provisión de 6 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por la potencial cancelación de contratos».

El coste de un procedimiento de reestructuración del excedente de mano de obra, incluida la estructura corporativa asociada, que se generaría con el potencial cese de actividad aún no ha sido provisionado, al no cumplirse los requisitos contemplados en la normativa contable para su reconocimiento, añade.

Ence registró unas pérdidas netas atribuidas de 190 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de siete los ‘números rojos’ del ejercicio precedente, debido a las provisiones por 200 millones efectuadas en el primer semestre de 2021 tras las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga de la concesión de la fábrica de Pontevedra.

«En caso de que, agotadas todas las vías de recurso, se confirmara la anulación de la prórroga de la concesión de la biofábrica de Pontevedra, la Sociedad formulará reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, con el objeto de ser indemnizada por la Administración General del Estado de todos los perjuicios causados por dicha anulación», avisa Ence.

La prórroga otorgada en 2016 por 60 años (a contar desde la fecha de solicitud en 2013, hasta 2073) por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy fue anulada por la Audiencia Nacional. La sala de lo contencioso-administrativo considera que la resolución no justifica que la papelera no pueda tener otra ubicación.