La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha reiterado este miércoles que es necesario que en Galicia se quede el 30 por ciento de los fondos del tercer y cuarto plan de rescate que se quedó sin ejecutar, lo cual estuvo motivo, incidió, en «las restricciones» que el Estado impuso al tejido empresarial para acceder.

Incidió así en respuesta a una interpelación de la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo, quien alertó del riesgo de tener que devolver 70 millones de euros de ayudas directas para autónomos y empresas por, precisamente, estar sin ejecutar, algo que achacó a la «incapacidad» de gestionar del Gobierno gallego.

Así, ha avisado de que se enfrentan ante la «obligación» de devolver las partidas que no fueron capaces de ejecutar, evidenciando, dijo, que «la apuesta por el mercado de trabajo está lejos de ser una prioridad» del Ejecutivo gallego.

Lorenzana ha incidido en que estos fondos tienen que «llegar» a las pymes y autónomos y ha recordado que, «pese a los esfuerzos hechos para simplificar el procedimiento dentro del escaso margen de maniobra» que dejó el Estado, «no pudieron ejecutarse» esos cerca de 70 millones de los 234,4 millones transferidos.

Lorenzana ha defendido que el tejido empresarial gallego contó con el apoyo de la Xunta, que se «adelantó» al Estado, y que en los meses de noviembre de 2020 y febrero de 2021 articuló dos planes de rescate por valor de 182 millones de euros, en los que se efectuaron más de 80.000 solicitudes.