Las Administraciones participantes en la segunda mesa de seguimiento del acuerdo de viabilidad de Alcoa, que se ha reunido este jueves en la sede del Ministerio de Industria, en Madrid, se han comprometido a «agilizar» los trámites de los parques eólicos «necesarios» para la vuelta a la actividad de la planta de San Cibrao.

Este ha sido uno de los temas abordados en la reunión, en la que han participado representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría (en representación de la Xunta de Galicia), la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y miembros del comité de empresa de Alcoa.

La celebración de esta segunda reunión coincide con el final del proceso de paralización de las cubas de la planta de San Cibrao, que tienen prevista la reanudación de su actividad en enero de 2024. Con este objetivo, el Gobierno central «agilizará» las autorizaciones «necesarias» para la puesta en marcha de los parques eólicos necesarios para que Alcoa pueda volver a producir en la fecha prevista, tras firmar con diferentes empresas eléctricas el suministro energético a precios competitivos.

El Ejecutivo pedirá además a la Xunta de Galicia que facilite estas autorizaciones en el ámbito de sus competencias, y ha destacado que aún queda pendiente que Alcoa identifique los proyectos eólicos para agilizar los trámites, tras la firma de contratos bilaterales con las eléctricas, puesto que hasta el momento sólo ha anunciado preacuerdos con dos de ellas.

A este respecto, la Administración autonómica ha reiterado en la reunión su «máxima implicación y colaboración» para reactivar las cubas «lo antes posible, sin tener que esperar a 2024» y ha recordado que, con este objetivo, se va a introducir un artículo en la Ley de áreas empresariales para que tengan prioridad en la tramitación aquellas compañías que construyan parques eólicos en la Comunidad y destinen el 50% de la energía que produzcan a la industria a través de contratos de precio fijo de energía.

Con todo, Paula Uría ha insistido en solicitar al Gobierno central su colaboración, «indispensable», dado que es el Ministerio de Transición Ecológica, señalan, el que cuenta con las competencias para tramitar instalaciones que superen los 50MW.

PRECIO ELÉCTRICO «COMPETITIVO»

Más allá del punto en común en cuanto a la agilidad en la tramitación de parques eólicos, el Gobierno gallego, a través de su directora xeral de Planificación Enerxética, ha vuelto a mostrarse crítico con la actuación del Gobierno central, sobre todo en lo que respecta a la falta de «un precio eléctrico competitivo», como «sí existe en otros países europeos». Consideran, de hecho, que esa es «la principal causa» de que España deje de producir aluminio primario –tras la paralización de la producción en Alcoa en San Cibrao–.

En esta línea se ha expresado también el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, José Antonio Zan que, en un vídeo difundido a los medios, ha lamentado que las Administraciones no se hubiesen puesto de acuerdo antes para encontrar una solución al marco energético. «Es un día muy triste para todos», ha asegurado respecto al apago de las cubas, tras lo que ha insistido en la necesidad de «marco energético estable y competitivo».

La Xunta incide, por su parte, en que el Gobierno «asuma su responsabilidad y ponga sobre la mesa las medidas necesarias para contar con un precio eléctrico que de seguridad a las empresas electrointensivas y les permita competir en igualdad de condiciones que el resto de países europeos».

Esperan además que Alcoa cumpla con las inversiones comprometidas y establezca un cronograma de actuaciones que «aporte certeza y estabilidad a los empleados, a la industria auxiliar y a toda la zona de A Mariña de Lugo».

ASESORÍA EXTERNA E INVERSIONES

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha anunciado la intención de contratar a una asesoría técnica especializada que ayude a verificar la ejecución de los acuerdos alcanzados entre Alcoa y los trabajadores, al tiempo que ha destacado su «disposición» a explicar a la empresa las diferentes líneas de ayudas públicas estatales para las futuras inversiones en la planta de aluminio.

También en cuanto a las ayudas, el Ministerio ha informado a los intervinientes en la mesa de los procesos judiciales abiertos para recuperar los fondos de ayudas al CO2 que Alcoa ha cobrado y que debe devolver al no mantener la actividad ni el empleo.

Respecto a estos últimos puntos, el comité de empresa se ha mostrado proclive a contar con un asesor externo que vigile el cumplimiento del acuerdo, pero han insistido en «dejar claro a las contratas que no pueden despedir a nadie o no tendrán apoyo económico».

Zan ha repasado también la situación de las inversiones prometidas, «algunas en fase inicial, como el horno de cocción y las barras de compensación magnética, y otras en una fase secundaria, como las partes de coladero y fundición», y todas previstas para desarrollarse en tres o cuatro etapas. En cuanto al depósito de inversiones, el comité «confía» y asegura que «corroborarán en los próximos días que el dinero está realmente ahí».