La asociación de consumidores En Colectivo, que denunció ante la Comisión Europea las prórrogas de la concesión de la AP-9 otorgada a Audasa, ha criticado este jueves la actitud «obstruccionista» del Gobierno central en la investigación abierta a raíz de esa denuncia, y ha lamentado que la administración trata de «proteger los intereses» de la concesionaria, que se beneficia de una «compensación desmesurada» por la realización de las obras de ampliación de la autopista.

En un comunicado, esta asociación ha explicado que, tras la apertura del procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa europea en las prórrogas de la concesión, el gobierno no ha dado pasos para anular esas prórrogas, e incluso «infringe el principio de colaboración entre administraciones públicas» al no facilitar la información requerida por diferentes organismos, como la Comisión Galega da Competencia.

De hecho, En Colectivo ha recordado que esta Comisión emitió un informe en septiembre del año pasado en el que calculaba que el importe total de la obra de ampliación, según las cuentas presentadas por Audasa, sería de 228 millones de euros. Sin embargo, la cantidad a recuperar en 20 años, con las compensaciones aplicadas, será de 1.465 millones de euros, «lo que significa un 600 % de intereses».

«Estos datos dejan claro que el Estado está asumiendo un coste increíblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiación de la obra a una entidad bancaria», ha explicado Diego Maraña, presidente de En Colectivo.

«FALTA DE TRANSPARENCIA»

Así, han incidido, la propia Comisión Galega ha explicado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha respondido a ningún requerimiento de información sobre la existencia de algún informe técnico que determine si una subida anual acumulativa del 1 % en los peajes es una compensación «adecuada, o bien excesiva».

En Colectivo ha lamentado la «falta de transparencia» del Gobierno, al que ha emplazado a «rectificar en las ilegalidades cometidas lo antes posible», sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 23 de enero finaliza la prórroga dada por la Comisión al Gobierno de España para que responda a su carta de emplazamiento sobre esta cuestión.

Mientras, esta asociación sigue recogiendo firmas para reclamar al Ejecutivo que deje de «aislar» a los gallegos, y que anule la prórroga de 2013 (que amplía la concesión de la autopista de 2023 a 2048).