El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defiende que «el camino» a seguir es el de ofrecer incentivos para «dar un empujoncito» a aquellos que quieran retrasar su jubilación de forma voluntaria.

En un desayuno en Santiago organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el ministro ha recordado que desde el 1 de enero está en vigor «un premio» a la jubilación demorada, que puede alcanzar hasta los 12.000 euros por cada año que se retrase ese abandono de la actividad.

«Este es el camino, a través de incentivos para que, voluntariamente, dar un empujoncito a aquellos que quieran trabajar un poquito más» afirma. «Y eso ayuda extraordinariamente a la sostenibilidad del sistema», agrega.

En el caso de la jubilación demorada, la norma establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Ahora, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora.

Considera que la actual edad de jubilación, de 66 años y dos meses –aumentará hasta los 67 años en 2027–, es «más que adecuada», pero observa ese «margen de mejora» en aquellos que, «voluntariamente, quieran extender su jubilación». Resalta que la jubilación «no es una obligación, es un derecho». Por ello, incide en fomentar la jubilación demorada.

PLANES DE PENSIONES COLECTIVOS

Otro punto sobre el que ha hecho hincapié es la ley que se tramita para impulsar los planes de pensiones colectivos, orientados a colectivos como autónomos y empleados públicos, que se está «negociando» con los agentes sociales.

El ministro de Seguridad Social opina que el sistema actual, centrado en los planes individuales, «no ha funcionado» al tratarse de «productos muy caros» en los cuales acaban «desgravando personas que no parece que necesiten una pensión». De tal modo, cree que el Estado debe estar «orientado al bien público», en donde emergen los planes colectivos, con unas «comisiones mucho más bajas» y que «se simplifican extraordinariamente».

Sobre este extremo, resalta que las desgravaciones por los denominados planes de empleo podrán alcanzar los 10.000 euros, mientras que los individuales se quedan en 1.500 euros.