El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) ha registrado solicitudes en un total de 82 ayuntamientos gallegos que tienen parte de su territorio en reservas de la biosfera para que se adhieran a una campaña que solicita moratorias a la tramitación de los parques eólicos.

Esta ofensiva de la organización parte de un informe que empezó a elaborar en septiembre el Comité Español del Programa Mab –Man and the Biosphere– de la Unesco sobre aerogeneradores y otras infraestructuras asociadas a compañías energéticas que se quieren asentar en estos espacios protegidos.

A tenor de esta decisión, la Alianza Energía y Territorio (Aliente), de la que forma parte el SLG y otros colectivos de todo el Estado, ha decidido lanzar una campaña a favor de la «moratoria científica» de las instalaciones eólicas en las reservas de la biosfera de toda la península.

De este modo, el Sindicato Labrego ha registrado ante estos 82 ayuntamientos otras tantas solicitudes de adhesión a esta campaña con un escrito dirigido a los respectivos alcaldes en los que se les pide su apoyo.

Y es que, de acuerdo con la organización, las reservas de la biosfera gallegas ya albergan «a día de hoy con cerca de 1.300 aerogeneradores propiedad de empresas energéticas», al tiempo que «hay varios centros más en tramitación».

LISTADO DE AYUNTAMIENTOS

En concreto, en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, la petición ha sido dirigida a 26 municipios: Abadín, Alfoz, A Pastoriza, Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cospeito, Friol, Guntín, Guitiriz, Láncara, Lugo, Meira, Mondoñedo, Muras, O Corgo, O Páramo, Ourol, Outeiro de Rei, O Valadouro, Pol, Rábade, Riotorto, Vilalba y Xermade.

También a los 23 ayuntamientos de la Reserva de la Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel: A Pobra do Brollón, Bóveda, Carballedo, Chantada, Folgoso do Courel, Monforte de Lemos, O Incio, O Saviñao, Paradela, Pantón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Samos, Sarria, Sober, Taboada, Triacastela, Teixeira, A Peroxa, Castro Caldelas, Nogueira de Ramuín y Parada de Sil.

De igual modo, las solicitudes se han dirigido a los 17 de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo: Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y Sobrado.

Para la Reserva Río Eo, Oscos e Terras de Burón, se han registrado en 14 municipios entre Lugo y Asturias. En cuanto a los gallegos, estos son Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, A Pontenova, Ribadeo, Ribeira de Piquín y Trabada.

En la Reserva Os Ancares Lucenses, se han registrado en los ayuntamientos de Cervantes, Navia y Becerreá; y, finalmente, en la Reserva Transfronteriza Gêrez-Xurés, a los de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muiños na Galiza.

PONTE CALDELAS VA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra) ha anunciado este viernes que lleva ante la valedora do Pobo y el Defensor del Pueblo las «chapuzas que se están destapando» en el procedimiento administrativo del parque eólico de Os Cotos, que afecta tanto a este municipio como al vecino de Cerdedo-Cotobade.

En un comunicado, el alcalde, el socialista Andrés Díaz, asegura que este proceso parece «más propio de una república bananera que de una administración seria como debería ser la Xunta de Galicia».

De este modo, el regidor ha formulado su queja sobre la actuación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno gallego y de su Jefatura Territorial en Pontevedra con respecto a la tramitación de la información pública del estudio de impacto ambiental y las solicitudes de autorización administrativa previa, de construcción, el proyecto sectorial y la solicitud de declaración de utilidad pública del parque de Os Cotos.

Según Díaz, hay «incumplimientos» de sendas leyes, entre ellas la Ley 19/2013 de transparencia, e insiste en que la Xunta «debería proceder de inmediato» a paralizar el proyecto.

«De no ser así, el Ayuntamiento de Ponte Caldelas se reafirma en su intención de acudir a la vía judicial para invalidar el proyecto y frenar el proyecto y frenar la aberración que se quiere cometer contra el territorio y la población afectada», concluye el comunicado.